Ante el creciente número de denuncias de vecinos, la Defensoría de los Habitantes solicita una normativa específica para controlar las emisiones de los centros de entrenamiento de alto impacto ubicados en zonas residenciales, alegando un riesgo para la salud pública.
La Defensoría de los Habitantes ha alzado la voz ante el Ministerio de Salud, solicitando de manera formal la creación de una normativa específica para regular el ruido y las vibraciones generadas por gimnasios de alto impacto, como los de CrossFit, que operan en zonas residenciales. La medida responde a un creciente número de denuncias de ciudadanos cuya salud y bienestar se ven directamente afectados.
Según el ente defensor, la interpretación actual de las regulaciones por parte de las autoridades sanitarias ha sido «insuficiente para mitigar los problemas reportados», lo que deja a los vecinos en un estado de desprotección.
El Origen del Problema: Pesas, Saltos y Gritos
El auge de disciplinas como CrossFit, Grit Box y otros entrenamientos funcionales ha traído consigo una nueva fuente de conflicto en las comunidades. La Defensoría, tras realizar inspecciones y recopilar testimonios, identificó que las principales molestias provienen de:
- El impacto constante de pesas, barras y mancuernas contra el suelo y plataformas duras.
- El uso de equipos de entrenamiento como cuerdas de batalla, sacos de boxeo y máquinas de cardio.
- Las voces y gritos de los participantes e instructores durante los entrenamientos de alta intensidad.
Estas actividades, si se realizan sin las medidas de contención adecuadas, generan un ambiente sonoro que perturba la tranquilidad de los hogares aledaños.
Un Vacío Normativo que Afecta la Salud Pública
El problema central, según el ente defensor, radica en que no existe una normativa diseñada específicamente para las características de estos gimnasios. El Ministerio de Salud, al aplicar regulaciones generales, no logra abordar de manera efectiva el problema de las vibraciones y los ruidos de baja frecuencia.
«Tanto el ruido como las vibraciones pueden convertirse en factores de riesgo para la salud de las personas expuestas, afectando su descanso, bienestar y salud física y mental», manifestó la Defensoría en su comunicado. Esta situación, afirman, vulnera el derecho constitucional a un ambiente sano y a la salud.
