miércoles, 3 junio 2026
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TSE acoge amparo de la Defensoría contra el presidente Chaves y ministro Zamora por campaña “Cayó la mordaza”

El Tribunal Supremo de Elecciones dio curso a la denuncia presentada por la defensora Angie Cruickshank y ordenó al Gobierno, como medida cautelar, eliminar la publicación de todas las redes sociales institucionales. Los jerarcas tienen tres días para responder a las acusaciones.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha dado curso formal a un amparo electoral presentado por la Defensoría de los Habitantes contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad, Mario Zamora. La acción se debe a la controversial campaña “Cayó la mordaza”, difundida en las redes sociales oficiales del Gobierno.

El Tribunal no solo admitió el recurso para su estudio, sino que también dictó una medida cautelar inmediata, ordenando al Poder Ejecutivo garantizar la eliminación de la publicación de todos los perfiles institucionales.

 

Las graves acusaciones de la Defensoría

 

La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, argumenta en su amparo que la campaña, la cual utilizaba la imagen del presidente con una cinta negra sobre la boca, vulneró el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y neutral, y violentó el orden democrático.

Cruickshank fue particularmente enfática al señalar la participación del Ministerio de Seguridad, cuya publicación representaría un acto de insubordinación, ya que la Fuerza Pública se encuentra bajo el mando del TSE durante el período de veda electoral. Según la Defensoría, esta acción atenta contra la seguridad nacional y la institucionalidad del país.

 

Tres días para responder bajo juramento

 

Tras acoger el amparo, el TSE ha notificado a las autoridades recurridas, el presidente Chaves y el ministro Zamora, quienes disponen de un plazo de tres días hábiles para referirse a los hechos bajo juramento. El Tribunal advirtió que, si no responden en el tiempo estipulado, los hechos denunciados por la Defensoría se darán por ciertos.

Esta decisión del TSE marca un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el órgano electoral en torno a los límites de la comunicación gubernamental en período de campaña.

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