La Sala Constitucional condenó al Estado por un video de 2024 en el que 70 oficiales enviaron un mensaje a los diputados. Los magistrados ordenaron a Mario Zamora y a la cúpula policial abstenerse de repetir estos actos, bajo la advertencia de que incumplir el fallo se castiga con prisión.
La Sala Constitucional emitió una contundente orden directa al Ministro de Seguridad, Mario Zamora, y a varios directores de los cuerpos policiales del país: tienen prohibido volver a utilizar a sus oficiales para emitir mensajes de carácter político.
En una histórica resolución, los magistrados declararon con lugar dos recursos de amparo contra un polémico video difundido por Casa Presidencial en octubre de 2024. El fallo no solo condena al Estado al pago de costas, daños y perjuicios, sino que advierte a los jerarcas con penas de cárcel si desobedecen la orden.
La advertencia: hasta dos años de prisión por reincidir
La sentencia es tajante. Advierte al ministro Zamora y a los directores de la Policía de Control de Drogas (PCD), Migración, Tránsito y al exdirector de la Policía Penitenciaria, que el incumplimiento de la orden se sanciona con prisión de tres meses a dos años, o una multa de veinte a sesenta días.
Esta es una de las advertencias más severas emitidas por la Sala IV contra altos mandos del Poder Ejecutivo, y subraya la gravedad de la falta cometida.
El video que violó la Constitución
El caso se remonta a un video en el que cerca de 70 agentes de diversas fuerzas de policía aparecieron enviando mensajes de contenido político dirigidos a la Asamblea Legislativa. Los recursos de amparo, uno de ellos presentado por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), argumentaron que dicha acción violaba el artículo 12 de la Constitución Política.
Este artículo establece que las fuerzas de policía «no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva», un pilar de la democracia costarricense que garantiza la naturaleza no deliberante de los cuerpos armados. Aunque la denuncia inicial incluía al presidente Rodrigo Chaves, la condena final de la Sala no lo incorporó.
