Un error administrativo del Hospital San Vicente de Paúl, al exceder por 24 horas el plazo legal para notificar un despido, obligó a la justicia a anular la sanción. Ahora, la Caja no solo debe reinstalar al funcionario, sino que también investiga al exjefe que cometió el fallo para que responda por el millonario pago.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue condenada a pagar ₡84 millones y a reinstalar en su puesto a un asistente de pacientes del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia, quien había sido despedido en 2015 tras una investigación por presunto acoso sexual.
La millonaria sanción no se debe a que el funcionario fuera absuelto de los hechos originales, sino a un error procedimental garrafal: la dirección del hospital le notificó su despido un día después de que venciera el plazo legal para hacerlo. El Tribunal Contencioso Administrativo determinó que, por ese fallo, la prescripción del despido ya había operado, anulando todo el proceso.
El error de un día que costó ₡84 millones
El caso se remonta a 2013, cuando se acusó al funcionario de bañar de forma indebida a un paciente. Tras un largo proceso interno, la Junta de Relaciones Laborales de la CCSS emitió su dictamen final el 5 de febrero de 2015. Según el Código de Trabajo, la institución tenía un mes calendario (hasta el 5 de marzo de 2015) para ejecutar el despido.
La Dirección de Enfermería del hospital emitió la resolución de despido ese mismo 5 de marzo, pero se la notificó al funcionario hasta el día siguiente, 6 de marzo. Esa demora de 24 horas fue suficiente para que la potestad de la CCSS para sancionar prescribiera, invalidando legalmente el despido.
Consecuencias: Reinstalación y búsqueda de responsables
La sentencia judicial es contundente. La CCSS fue condenada a pagar ₡84.065.619 por concepto de salarios caídos, aguinaldos y costas legales. Además, se le ordenó reinstalar al funcionario en su puesto de trabajo.
El hospital confirmó que acató la orden de reinstalación, pero aclaró que el fallo judicial se debió a un “yerro en el proceso y no a los hechos que le fueron imputados”. En respuesta, el centro médico inició un procedimiento administrativo contra el exdirector de Enfermería que cometió el error, para determinar si este debe responder con su patrimonio por el millonario pago que ahora debe afrontar la institución.
