En una decisión histórica, el Tribunal Supremo de Elecciones pide al Congreso proceder con el levantamiento del fuero del mandatario para poder abrir un procedimiento sancionatorio en su contra. La solicitud se basa en una serie de denuncias acumuladas por presunta beligerancia política.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha dado un paso sin precedentes en la actual administración: solicitar formalmente a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
La decisión, comunicada oficialmente este martes, fue tomada de forma unánime por la Sección Especializada del Tribunal el pasado 3 de octubre. Se fundamenta en una serie de denuncias acumuladas que, tras una investigación preliminar, se consideró que superan el umbral de admisibilidad y ameritan la apertura de un procedimiento formal contra el mandatario.
¿Por qué el TSE pide levantar la inmunidad?
Según el comunicado del TSE, la solicitud es un requisito procesal indispensable. El artículo 270 del Código Electoral estipula que, antes de poder abrir un procedimiento sancionatorio ordinario contra el Presidente de la República, se debe contar con la autorización del Congreso.
La Sección Especializada del Tribunal, presidida por el magistrado Luis Diego Brenes, estimó que las pruebas e informes recopilados por la Inspección Electoral son suficientes para avanzar en el proceso. Las denuncias, presentadas en distintas fechas, provienen de un amplio espectro político, incluyendo a los presidentes de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC), así como a varios diputados de la República y ciudadanos particulares.
El siguiente paso: La decisión queda en manos del Congreso
Con esta solicitud, la pelota pasa ahora al tejado de la Asamblea Legislativa. Los diputados deberán analizar la petición del TSE y votar si acogen o no la solicitud para despojar al presidente Chaves de su fuero y permitir que el órgano electoral continúe con el proceso sancionatorio.
Las denuncias acumuladas contra el presidente se centran, en su mayoría, en presuntos actos de beligerancia política, es decir, la supuesta intervención indebida en el proceso electoral.
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