El recién presentado proyecto del tren eléctrico, bautizado como «Tibi», promete modernizar el transporte en la Gran Área Metropolitana (GAM), pero su construcción implicará un sensible costo social. El presidente del Incofer, Álvaro Bermúdez, confirmó que para desarrollar los 51 kilómetros de doble vía contemplados en el plan, será necesario realizar «algún desalojo» de viviendas y estructuras que actualmente ocupan el derecho de vía del ferrocarril.
Esta revelación se da en medio de un intenso debate político, donde el Gobierno defiende el proyecto de $800 millones como un logro de eficiencia, mientras la oposición lo critica por ser una versión recortada de planes más ambiciosos.
La necesidad de ampliar la vía para el sistema de doble carril
La principal razón detrás de los futuros desalojos es la necesidad de ampliar el espacio para instalar un sistema de doble vía, que permitirá a los trenes circular de forma simultánea en ambos sentidos y así lograr la prometida frecuencia de un tren cada 10 minutos.
«El derecho de vía, la trocha, está protegida por la Constitución, por lo que no hay que hacer expropiaciones; en algunos casos probablemente hay que hacer algún desalojo», explicó Bermúdez, aunque matizó que ese proceso «todavía no va a pasar».
El pulso político: Un proyecto «histórico» vs. una versión «recortada»
El anuncio del nuevo tren ha desatado un choque de narrativas. Por un lado, el presidente Rodrigo Chaves celebra que el proyecto se realice con infraestructura estatal y no mediante una concesión, lo que, según él, redujo el costo y demuestra que «las obras empiezan a salir».
En la acera de enfrente, la candidata presidencial Claudia Dobles, cuyo gobierno impulsó un plan de cinco líneas, calificó el nuevo diseño de «pequeñito». «De cinco líneas tiene dos, de 84 km serían solamente 50 km. El costo por kilómetro lineal es el mismo», sentenció, cuestionando el supuesto ahorro.
La modernización del sistema de trenes ha sido uno de los proyectos más debatidos y postergados en la historia reciente de Costa Rica.
El financiamiento de $800 millones, proveniente del BCIE y el Banco Europeo de Inversiones, deberá ahora ser aprobado por la Asamblea Legislativa, lo que augura un nuevo y acalorado debate político. Los procesos de desalojo para obras públicas tienen un alto impacto social en las comunidades.
FUENTE DIARIO EXTRA
