La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, salió en una férrea y polémica defensa del ministro de Comunicación, Arnold Zamora, quien enfrenta una denuncia por un presunto delito sexual. Cisneros no solo confirmó que el jerarca se mantendrá en su puesto, sino que minimizó la acusación argumentando que, estadísticamente, un porcentaje ínfimo de las denuncias por agresión sexual en el país llegan a una condena.
«Poner una denuncia no quiere decir que sea culpable»
En declaraciones a la prensa, la legisladora oficialista criticó a los diputados de oposición que han pedido la renuncia de Zamora. «Poner una denuncia no quiere decir que esa persona es culpable, ni que ha sido juzgada, ni que ha sido sentenciada», afirmó Cisneros.
Su argumento principal se basó en una controversial estadística: «Si hay un récord que tiene el Poder Judicial en este país es que, de las denuncias por agresión sexual, creo que ni el 5% terminan en una condena. Entonces, el hecho de que a uno lo acusen no quiere decir que uno sea culpable», recalcó, confirmando que «el señor Arnold Zamora sigue siendo ministro de Comunicación».
Mientras tanto, la investigación revela un testigo clave y un presunto estado de indefensión
Mientras la defensa política se centra en la presunción de inocencia, la causa judicial contra el ministro, tramitada como un presunto delito de violación, avanza con la recolección de pruebas contundentes.
Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía cuenta con un testigo clave que habría observado a la víctima, un periodista de gobierno, siendo llevado a una habitación de hotel en un aparente estado de indefensión por intoxicación con licor. Dicha condición fue corroborada posteriormente por un dictamen de toxicología.
La denuncia detalla que la víctima fue citada en el hotel por el ministro, su superior jerárquico, bajo el pretexto de una mejor oferta laboral. El propio Zamora admitió públicamente haberse encontrado con el denunciante en el hotel, haber consumido licor y haber pagado por una habitación, aunque alegó que fue para evitar que condujeran bajo los efectos del alcohol.
El presunto abuso de poder por parte de altos funcionarios es una conducta severamente castigada por la ley.
