La Cámara de Comercio de Costa Rica ha encendido las alarmas ante lo que su presidente, Arturo Rosabal, califica como un «colapso operativo» en Puerto Caldera, una situación que, advierte, está golpeando directamente la competitividad del país. Esta preocupación del sector empresarial surge en medio de un tenso cruce de acusaciones entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República sobre quién es el responsable de los atrasos en la modernización del principal puerto del Pacífico.
Un cruce de acusaciones: ¿Quién frena la modernización del puerto?
La controversia escaló tras las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien insinuó públicamente que la Contraloría estaba obstaculizando los proyectos necesarios para ampliar y mejorar la terminal portuaria.
La respuesta del ente contralor fue inmediata y contundente. Mediante un comunicado, la institución se defendió de las acusaciones, aclarando que no mantiene ningún trámite pendiente relacionado con Caldera. Por el contrario, señaló que las demoras se deben a «deficiencias técnicas» en los pliegos y propuestas presentadas por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), entidad adscrita al Poder Ejecutivo.
El impacto en la competitividad y la cadena de suministro
Mientras la disputa institucional continúa, el sector productivo resiente las consecuencias. Arturo Rosabal fue claro en que el colapso operativo en Caldera se traduce en mayores tiempos de espera para los buques, retrasos en la descarga de importaciones, sobrecostos para los exportadores y, en última instancia, un duro golpe a la cadena de suministro nacional.
La eficiencia de los puertos es un pilar fundamental para el comercio exterior de Costa Rica, impactando directamente en los costos de toda la economía.
