La Sala Constitucional ha condenado al Estado costarricense por no garantizar la seguridad de un grupo de privados de libertad en el Centro de Atención Institucional (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí. El alto tribunal declaró parcialmente con lugar un recurso de hábeas corpus interpuesto por los reclusos, quienes denunciaron vivir en un ambiente de constante intimidación que culminó con una violenta riña y tres personas heridas con arma blanca.
Un pabellón dominado por el miedo: Cobros por llamadas y agresiones
En su recurso contra el Ministerio de Justicia y Paz, los reclusos del pabellón A-8 detallaron cómo un grupo de internos había tomado el control, generando «constantes violaciones a los derechos del resto de la población penitenciaria».
La denuncia describe un ambiente de extorsión, donde este grupo dominante cobraba por el uso de los teléfonos públicos y vigilaba las llamadas del resto de reos. Esta tensión llegó a su punto crítico el pasado 12 de julio, cuando una riña dejó un saldo de tres privados de libertad con heridas de arma blanca. Los afectados solicitaron a la Sala que se tomaran medidas para proteger su integridad física.
El fallo de la Sala: Se ordena al penal evitar nuevas agresiones y al Estado pagar por los daños
Al analizar el caso, la Sala Constitucional determinó que las autoridades penitenciarias fallaron en su deber de protección. En la sentencia 2025-024472, el tribunal emitió dos órdenes contundentes:
- Ordenó a la dirección del centro penal «abstenerse de incurrir nuevamente en los hechos», es decir, tomar las medidas efectivas para que los problemas de convivencia que originaron la agresión no se repitan.
- Condenó al Estado al pago de los daños y perjuicios ocasionados a los reclusos heridos, los cuales deberán ser definidos en un proceso posterior.
La sobrepoblación y la violencia son dos de los desafíos más críticos que enfrenta el sistema penitenciario de Costa Rica.
El recurso de hábeas corpus es una garantía constitucional para la protección de la integridad de todas las personas, incluyendo a la población privada de libertad.
