El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, incluyó a Costa Rica en el listado de naciones con “alto tránsito o producción significativa de drogas ilícitas” para el año fiscal 2026. La determinación presidencial, hecha pública este 15 de setiembre, ubica a nuestro país junto a 20 naciones como Colombia, México, Venezuela y Afganistán.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, reaccionó de inmediato señalando que esta designación no responde a una evaluación negativa de los esfuerzos nacionales en materia antidrogas, sino a una realidad geográfica: Costa Rica se encuentra en el corredor natural entre los grandes productores del sur y los mercados de consumo en Norteamérica.
Lo que significa estar en la lista
La inclusión no conlleva sanciones automáticas ni cuestiona directamente la efectividad de la estrategia costarricense. Más bien, marca un reconocimiento de la vulnerabilidad del territorio nacional como punto de paso logístico para el narcotráfico internacional.
Según la Casa Blanca, la lista busca fortalecer la cooperación con países estratégicos para frenar el flujo de drogas, en especial el de sustancias sintéticas como el fentanilo, cuya crisis dejó en Estados Unidos más de 200 muertes por día en 2024.
Contexto internacional
El documento subraya que América Central juega un papel decisivo en el traslado de cocaína y precursores químicos hacia Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, la ubicación marítima entre dos océanos y la porosa frontera con Nicaragua la convierten en un punto atractivo para las organizaciones criminales.
A la par de nuestro país, aparecen en la lista Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice y República Dominicana, lo que evidencia la presión que la región enfrenta como “puente” del narcotráfico.
El trasfondo político
La determinación presidencial, que será publicada en el Federal Register y enviada al Congreso de EE. UU., servirá de guía para la cooperación internacional y las acciones antidrogas en 2026. Además, se enmarca dentro de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores de 2003, que faculta a Washington a ejercer presión política o aplicar sanciones en caso de incumplimientos graves.
En años recientes, Estados Unidos ha insistido en reforzar el intercambio de información con las policías centroamericanas y en mejorar la vigilancia de los mares, donde se movilizan la mayoría de los cargamentos. Costa Rica, pese a carecer de ejército, mantiene convenios bilaterales con la DEA y la Guardia Costera estadounidense para vigilar sus aguas territoriales.
Mirada hacia adelante
La designación representa tanto un reto como una oportunidad: por un lado, refuerza la percepción internacional de Costa Rica como territorio vulnerable al paso de drogas; por otro, abre la puerta a mayores recursos y cooperación técnica de Washington en materia de seguridad.
En este escenario, la pregunta clave será si el país logra capitalizar esa colaboración sin que la etiqueta de “alto tránsito” erosione su imagen internacional como nación de paz y estabilidad en medio de un istmo marcado por la violencia del narcotráfico.
