Lo que para Iryna Zarutska era una noche más de regreso a casa terminó en tragedia. Esta joven ucraniana de 23 años, que había huido de la guerra en su país buscando un futuro en Estados Unidos, fue asesinada el pasado 22 de agosto a bordo de un tren en Charlotte, Carolina del Norte. Su agresor, Decarlos Brown Jr., un hombre de 32 años con un historial de problemas mentales y antecedentes penales, la atacó con un cuchillo sin que mediara palabra.
El caso ha estremecido a la comunidad local y despertado un debate nacional sobre el manejo de la salud mental en ese país, pues la familia del agresor asegura que durante años pidió ayuda sin obtener respuestas efectivas del sistema.
Un atacante fuera de sí
Según relató su hermana, Tracey Brown, Decarlos llevaba tiempo mostrando síntomas graves de esquizofrenia paranoide: estaba convencido de que el gobierno le había implantado un chip en el cerebro y que personas a su alrededor podían leerle la mente. En una conversación reciente desde prisión, el propio Brown confesó que atacó a Zarutska porque “los materiales en su cabeza” le ordenaron hacerlo.
“Ni siquiera conocía a esa señora, nunca le hablé”, dijo con evidente desconexión de la realidad. Incluso llegó a hablar de sí mismo en tercera persona, atribuyendo el crimen a una fuerza externa que lo controlaba.
Un historial de advertencias ignoradas
La familia asegura que intentó ingresarlo a un hospital psiquiátrico, pero no pudo hacerlo por no tener la tutela legal. Tras salir de prisión en 2022, luego de cumplir condena por robo a mano armada, su deterioro fue evidente: agresividad, imposibilidad de trabajar y delirios cada vez más intensos.
En enero de este mismo año, Brown fue arrestado tras llamar al 911 diciendo que tenía un microchip en el cerebro. Aunque fue detenido, un juez lo dejó en libertad bajo palabra. Para sus familiares, ese fue un momento clave en el que el sistema falló. “Él pedía ayuda, pero nadie lo escuchó. No justifico lo que hizo, pero estaba enfermo”, lamentó Tracey.
El sueño truncado de Iryna
La víctima había llegado a Estados Unidos apenas en 2022, escapando de la invasión rusa junto a su madre y hermanos. En Ucrania se había formado como artista y restauradora, y soñaba con convertirse en asistente veterinaria. En Charlotte trabajaba en una pizzería mientras aprendía a conducir para alcanzar independencia.
Su familia la recuerda como una joven apasionada, alegre y amante de los animales. “Quería empezar de cero, construir una vida nueva”, contaron allegados. El día del ataque, vestía todavía el uniforme del restaurante cuando fue sorprendida por el agresor en el vagón del tren.
Debate abierto: ¿pena de muerte o responsabilidad del Estado?
Mientras el caso genera indignación y pedidos de castigo ejemplar, la familia de Brown insiste en que no se le condene a la pena de muerte. Reclaman que lo que ocurrió es también consecuencia de un sistema que lo abandonó.
“Durante tres años él buscó tratamiento. Nadie lo ayudó, ni la familia ni el Estado. Ahora todos pagan las consecuencias”, dijo su hermana.
El asesinato de Iryna no solo representa una pérdida devastadora para su familia y la comunidad ucraniana en Charlotte, sino que deja al descubierto una crisis mayor: el vacío en la atención de la salud mental y el costo que puede tener para la sociedad cuando esos vacíos se ignoran.
