Los familiares de personas privadas de libertad en Costa Rica anunciaron que saldrán a las calles en los próximos días para expresar su rechazo al reglamento implementado por el Ministerio de Justicia y Paz. Dichas disposiciones imponen restricciones adicionales a los reos de Máxima Seguridad en La Reforma, limitando las visitas, llamadas telefónicas y la entrega de encomiendas.
La agrupación Familia Penitenciaria Unidad CR denunció además que las condiciones actuales dentro del centro penitenciario son críticas, especialmente en temas de alimentación.
“Estamos cansados de todas estas situaciones y consideramos que existe una manipulación por parte de las autoridades penitenciarias”, manifestó Maureen Esquivel, portavoz del colectivo.
Fecha y recorrido de la manifestación
La protesta se realizará el miércoles 17 de septiembre, con salida desde el centro de San José y llegada a las instalaciones del Ministerio de Justicia y Paz.
“Nos unimos en una manifestación para exigir respeto, dignidad y mejores condiciones para las personas privadas de libertad”, señaló la agrupación convocante.
Paralelamente, varios pabellones de alta contención iniciaron una huelga de hambre, la cual fue confirmada por las autoridades penitenciarias como parte de la presión ejercida por los internos.
Vocería de los privados de libertad
Los reclusos designaron al extraditable Celso Gamboa como representante para canalizar sus quejas ante el Poder Judicial. Según el colectivo, su función será la de interlocutor en un escenario en el que la comunicación directa con las autoridades se ha visto limitada.
Acceso a la información en debate
Uno de los puntos que más ha generado controversia es la limitación al acceso a medios de comunicación dentro de los pabellones de alta contención.
Recientemente, una jueza de ejecución de la pena ordenó restablecer televisores y microondas en estas áreas, decisión que responde a los reclamos de los internos y sus familias.
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, diversos abogados y activistas han advertido que los privados de libertad deben tener acceso a información suficiente para ejercer su derecho al voto.
El abogado Rafael Ángel García, representante de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, presentó un amparo electoral ante el TSE, alegando que la prohibición de televisores, radios y periódicos vulnera derechos fundamentales.
“Justicia y Paz tiene solo tres días para rendir informes tras la acusación por la directriz que prohibió el acceso a televisores, radios y periódicos en la población de alta contención”, explicó García.
