El choque entre el Poder Ejecutivo y la Sala Constitucional volvió a encenderse este miércoles, cuando el presidente Rodrigo Chaves Robles calificó al tribunal como “uno de los errores más graves que hemos cometido en nuestra historia”.
El reclamo del mandatario surge en medio de dos frentes: por un lado, el intento fallido de derogar decretos de moratoria petrolera, y por otro, las obras necesarias para intervenir los tramos más afectados por derrumbes en la Ruta Nacional 32.
El derecho de vía y la Ruta 32
En conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, explicó que no será necesario un proyecto de ley —como había ordenado Chaves la semana pasada— para ejecutar las obras en la carretera hacia Limón.
“Nos pusimos a trabajar conjuntamente y a analizar el marco jurídico, y lo que se llama el derecho de vía no es parte del parque y se puede intervenir… con nuevas metodologías se puede definir que la intervención que se requiere para evitar los derrumbes son parte del derecho de vía y por lo tanto no es parque nacional y no hace falta una nueva ley”, señaló.
El presidente reaccionó de inmediato y anticipó que la Sala IV recibirá reclamos por esta decisión: “A usted le va a caer la Sala IV. Todo el mundo va a tratar de hacer algo, porque, por alguna razón, odian tanto a Limón que querían la Ruta 32 sin iluminación, sin internet y con derrumbes”.
“Diputados constituyentes que hacen lo que les da la gana”
Molesto por los reveses judiciales, Chaves acusó a los magistrados constitucionales de apropiarse de la Carta Magna: “La Sala IV en Costa Rica, creación de Óscar Arias Sánchez en ¿1989, fue? con la Ley de la Jurisdicción Constitucional, [es] uno de los errores más graves que hemos cometido en nuestra historia… Los siete integrantes de la Sala son como diputados de una Asamblea Nacional Constituyente que hacen lo que les da la gana con la Constitución”.
El mandatario aseguró que intentó derogar las moratorias a la exploración petrolera —vigentes desde 2011 y prorrogadas por las administraciones de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado—, pero que la Sala bloqueó esa intención al aplicar el principio de no regresión ambiental.
“Vengo yo, lo trato de derogar porque decreto deroga decreto, y dicen: ‘No, porque, aunque la Constitución no lo diga, nosotros…’, la mayoría de ellos —no todos, no todos son tan absurdos— se inventan un principio constitucional que llaman no regresión ambiental”, criticó.
El trasfondo jurídico internacional
Las palabras de Chaves contrastan con la posición sostenida por la propia Sala Constitucional, la Procuraduría General de la República y múltiples convenios internacionales firmados por el país. El principio de no regresión ambiental, lejos de ser un invento local, está respaldado por el derecho internacional, incluyendo el Acuerdo de París y tratados ratificados por Costa Rica como el CAFTA-DR, la Convención de Diversidad Biológica y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además, según consta en el Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ), no hay registro de un decreto ejecutivo emitido por Chaves para intentar formalmente la derogatoria.
Una tensión que escala
Con este nuevo episodio, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Sala IV suma un capítulo más, ahora marcado por un tema de doble filo: la urgencia de soluciones para la Ruta 32 y la larga discusión sobre la prohibición de explorar petróleo en Costa Rica.
*Con información de Delfino.
