El sueño de tener casa propia está más cerca para 58 familias de Tortuguero, Barras de Parismina, San Francisco, La Lucha y Colorado. Estas comunidades caribeñas, golpeadas una y otra vez por inundaciones y emergencias climáticas, dieron un paso decisivo con la firma de acuerdos que les permitirán acceder al bono de vivienda y arrancar la construcción de sus hogares.
La iniciativa forma parte del Proyecto Barras III, impulsado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). La inversión supera los $2,2 millones, financiados mediante el empréstito del Estado con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dentro del Programa de Emergencias para Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI).
Un modelo participativo
Este avance no se limita al acceso a un techo. Según la ministra de Vivienda, Grettel Vega, el proyecto se diseñó bajo un modelo de gestión participativa, donde las familias no fueron simples beneficiarias, sino protagonistas en la toma de decisiones. “Cada acuerdo fue construido con ellas, lo que hace que estas viviendas no solo sean adecuadas, sino que reflejen sus realidades y aspiraciones”, subrayó.
Las casas tendrán una biotipología climática adaptada a la zona, lo que garantiza mayor resiliencia frente a las condiciones del Caribe norte y sur.
Seguridad y esperanza
La presidenta ejecutiva del INVU, Gabriela Madrigal, destacó que estas viviendas significan un cambio profundo: “No se trata únicamente de un techo. Es un espacio seguro y resiliente que abre oportunidades de desarrollo para las familias y sus comunidades”.
Para las familias beneficiadas, el siguiente paso será completar el trámite ante una Entidad Autorizada y el BANHVI. Una vez aprobado, la empresa desarrolladora podrá dar inicio a la construcción.
Más que casas, futuro
El Proyecto Barras III representa un alivio en territorios históricamente vulnerables y una apuesta del Estado por la equidad social y territorial. Al ofrecer viviendas seguras, se fortalece no solo la infraestructura, sino también la esperanza de quienes han vivido con la incertidumbre de perderlo todo en una emergencia.
Este esfuerzo evidencia cómo la articulación entre instituciones públicas, financiamiento internacional y la participación comunitaria puede transformar realidades complejas y abrir la puerta a un futuro más digno y estable para las familias costarricenses.
