Este jueves por la mañana, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía ejecutaron seis allanamientos en el marco del caso “Barrenador”, una investigación que ha sacudido a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Las diligencias judiciales se llevaron a cabo tanto en viviendas particulares como en oficinas de la institución, incluyendo el Centro Corporativo Laureano, ubicado en San José. Entre los sitios intervenidos se encuentran la casa de un asesor de la Gerencia Médica y los domicilios de dos técnicos en Tecnologías de Información (TI).
El objetivo principal de estos operativos fue recolectar evidencia digital almacenada en computadoras y otros dispositivos electrónicos. Por el momento, no se reportan nuevas detenciones, aunque las autoridades buscan esclarecer la supuesta eliminación de al menos 300 correos electrónicos y varios archivos de OneDrive relacionados con uno de los investigados. Este hecho habría ocurrido el 23 de septiembre de 2024, en medio de una serie de allanamientos simultáneos, durante los cuales fue arrestada la expresidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
El nombre del caso no es aleatorio. «Barrenador» hace referencia a una enfermedad causada por la larva de una mosca parasitaria, que destruye tejido desde el interior. La Fiscalía utiliza esta metáfora para describir cómo, presuntamente, decisiones tomadas desde los niveles más altos de la CCSS habrían debilitado a la institución, facilitando el desvío de recursos públicos en beneficio de terceros.
La causa judicial gira en torno a supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos a cuatro cooperativas y una asociación médica. Estas organizaciones habrían sido favorecidas para administrar 10 áreas de salud en la Gran Área Metropolitana durante un periodo de 10 años, comprometiendo fondos públicos que rondan los ¢471.000 millones.
