El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, compareció este viernes 22 de agosto ante una comisión especial del Congreso en una audiencia sin precedentes, donde se analiza si se le debe levantar la inmunidad para enfrentar un proceso judicial por el presunto delito de concusión relacionado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La sesión arrancó a las 8:01 de la mañana en el Salón de Exmandatarios, y estuvo marcada por un ambiente tenso tanto dentro como fuera de la Asamblea, donde un grupo de seguidores del mandatario se hizo presente con pancartas y consignas de apoyo.
Desde el inicio de su intervención, Chaves fue enfático en señalar que el caso en su contra responde a motivaciones políticas y no a un proceso judicial transparente. Con firmeza, aseguró que lo que vive el país es un “intento de golpe de Estado judicial”, frase que repitió en varias ocasiones y que generó fuertes reacciones en la clase política y en la opinión pública. Según el mandatario, existe una “casta putrefacta” dentro del sistema judicial que busca destituirlo mediante un montaje impulsado, dijo, por el fiscal general Carlo Díaz, magistrados de la Sala III y otros sectores del Poder Judicial.
Chaves insistió en que nunca ordenó pagos indebidos y que el presunto desvío de fondos —un total de 32.000 dólares que habrían terminado en manos de su exasesor Federico Cruz, conocido como “Choreco”— no fue dirigido por él. Señaló que la acusación es un “montaje descarado” y que, mientras se le somete a este proceso, otros casos evidentes de corrupción permanecen sin ser resueltos por las autoridades judiciales. “Estoy aquí como de costumbre, dando la cara, vengo a hablar de frente y con la verdad”, expresó en su defensa. Acto seguido, recalcó que su presencia no es un gesto de protocolo, sino una decisión personal para ejercer su derecho a defenderse: “vengo a ejercer mi derecho a defenderme”.
La estrategia del presidente fue convertir el banquillo en una tribuna política. Sus palabras estuvieron dirigidas tanto a los diputados como al público nacional, al que buscó convencer de que detrás del proceso existe un intento de frenar los cambios que impulsa su gobierno. Afuera, sus seguidores coreaban “no está solo”, mientras él aseguraba que los verdaderos enemigos son quienes pretenden debilitar la institucionalidad desde adentro.
En paralelo, varios sectores cuestionaron la narrativa del mandatario. Abogados y analistas calificaron de irresponsable su afirmación de que está siendo víctima de un golpe judicial, pues, según señalaron, Costa Rica cuenta con un sistema de pesos y contrapesos que precisamente permite que incluso un presidente pueda ser investigado bajo las reglas del Estado de derecho.
El camino que sigue ahora será clave. La comisión especial tiene 20 días para elaborar un informe con sus conclusiones, aunque podría solicitarse una prórroga. Posteriormente, el informe pasará al Plenario Legislativo, donde se necesitarán al menos 38 votos para levantar la inmunidad del presidente y permitir que enfrente el juicio. Se trata de un escenario político inédito en la historia reciente del país, que pondrá a prueba tanto la solidez institucional como el equilibrio entre poderes.
Cabe recordar que este no es el único frente judicial que enfrenta Rodrigo Chaves. En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia solicitó formalmente a la Asamblea levantarle el fuero presidencial, lo que activó el actual proceso. Además, el mandatario es investigado en otro expediente por presunto financiamiento electoral ilegal en su campaña del 2022, en el que habrían existido irregularidades por un monto cercano a los 500.000 dólares.
