El choque entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República (CGR) escaló un nuevo nivel. Mediante un oficio firmado por la contralora Marta Acosta, la institución rechazó de forma categórica las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, tanto en su conferencia de prensa del pasado 20 de agosto como en otros espacios públicos, donde, según la CGR, se atribuyen falsamente actuaciones indebidas a la entidad y a sus funcionarios.
En el documento, Acosta advirtió que el mandatario ha difundido “afirmaciones falsas sobre temas sensibles en educación y salud”. Incluso denunció que “falsamente se atribuyen actuaciones a los funcionarios y funcionarias de la Contraloría General de la República; falsedad que se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos”.
La contralora fue más allá y cuestionó el modo en que el gobernante involucra a la ciudadanía en su discurso: “Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable”, expresó.
Uno de los episodios que más indignación provocó en la CGR fue la respuesta de Chaves a un periodista en Casa Presidencial: “Uy don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”. Para Acosta, ese comentario fue “violento y además misógino hacia mi persona, así como irrespetuoso hacia la entidad que represento”.
El oficio también aclaró varios de los puntos señalados por el mandatario. Sobre las escuelas de Santa Elena (Monteverde) y Portalón (Quepos), la Contraloría recalcó que su papel se limitó a resolver recursos de apelación, y que el freno en los trámites provino del propio Ministerio de Educación: “La resolución de la Contraloría General permite seguir con el trámite que el mismo Ministerio de Educación frenó en su momento por un tema intrascendente”.
En cuanto al Hospital de Cartago, la institución responsabilizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la demora: “Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que pese a ello la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo”, puntualizó Acosta.
La Contraloría también condenó lo ocurrido durante la inauguración de la sede de Coopesalud en Desamparados, cuando el presidente habría llamado a los contralores “sinvergüenzas” y los acusó de mantener una alianza “inmoral” con otros funcionarios, además de delitos de colusión y corrupción.
En respuesta, la institución subrayó: “Rechazamos las declaraciones difamatorias y calumniosas que con tanta facilidad y sin prueba alguna se lanzan contra funcionarios de la Contraloría General”.
Y lanzó una exigencia directa al mandatario: “Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y si tiene pruebas presente las denuncias que correspondan. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables”.
Finalmente, la CGR pidió ejercer el derecho de rectificación y respuesta, solicitando que su comunicado sea leído en la próxima conferencia de prensa presidencial. Acosta cerró reafirmando el rol de la entidad: “Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de forma firme e indeclinable”.
