El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a cuatro hombres vinculados con un secuestro ocurrido en agosto del año pasado. Los sospechosos habrían simulado un retén policial para interceptar a una mujer adulta y trasladarla a otro vehículo con fines extorsivos.
Según la investigación, al lograr que la víctima se detuviera, la obligaron a descender de su automóvil para luego llevársela por la fuerza. Minutos después, sus familiares recibieron información sobre la ubicación de la mujer en un sector poco habitual para ella, lo que levantó sospechas y permitió alertar a las autoridades.
Rescate y huida de los secuestradores
Con la denuncia en curso, la policía organizó un operativo de seguimiento que terminó frustrando el plan de los captores. Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos liberaron a la víctima en vía pública, específicamente en San Rafael Arriba de Desamparados, y emprendieron la huida.
Este hecho dio inicio a una investigación que se extendió por varios meses y que concluyó con la captura de los sospechosos en dos allanamientos realizados en Gravilias de Desamparados y en Copey de Cinco Esquinas de Tibás.
La exigencia: bitcoins o dinero en efectivo
Las indagaciones revelaron que los detenidos planeaban solicitar un rescate de ₡20 millones o el equivalente a 3 millones de dólares en bitcoins, una cifra inusual que evidenció el nivel de preparación del grupo.
Durante los allanamientos, los agentes decomisaron ocho teléfonos celulares, siete radios de comunicación, una pistola, artículos electrónicos, 108 municiones calibre 9 mm, un vehículo y dos placas que pertenecieron a la desaparecida Policía Especial de Apoyo.
Se presume que uno de los sospechosos habría pertenecido a esa corporación, lo que explicaría cómo obtuvieron los implementos para fingir ser oficiales.
Los sospechosos y el proceso judicial
Los detenidos fueron identificados con los apellidos Araya (53 años), Calero (40), Cervantes (34) y Vizcaíno (27). Todos quedaron bajo las órdenes de la Fiscalía, que definirá en las próximas horas su situación jurídica.
El OIJ indicó que los sujetos enfrentan cargos como presuntos responsables del delito de secuestro extorsivo, considerado uno de los crímenes más graves en el Código Penal costarricense.
