El Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía de Control de Drogas (PCD), anunció una serie de medidas integradas para combatir la violencia asociada al narcotráfico y al sicariato.
El principal objetivo es prevenir que menores de edad sean captados por estructuras del crimen organizado, fenómeno que ha mostrado un preocupante crecimiento en los últimos años.
La edad de ingreso a las bandas preocupa a las autoridades
Uno de los puntos que más inquieta a los cuerpos de seguridad es la reducción constante en la edad de los jóvenes reclutados. Según informes oficiales, cada vez son más los adolescentes que ingresan a estas redes, exponiéndose a un entorno de violencia y limitando sus oportunidades de desarrollo.
“Queremos evitar que más menores logren acceder a estas estructuras con acciones de contención, pero también con actividades de prevención”, afirmaron jerarcas del Ministerio de Seguridad.
Estrategia interinstitucional y maximización de recursos
Durante una reunión de alto nivel, en la que participaron jefaturas policiales, direcciones regionales de la Fuerza Pública y representantes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIAC), se estableció un plan de acción para maximizar recursos, compartir información clave y definir objetivos comunes frente al repunte de homicidios registrado en el país.
Aunque las autoridades reconocen limitaciones presupuestarias, subrayan que la articulación interinstitucional es la mejor vía para:
-
Contener el avance de la violencia.
-
Judicializar a los líderes de las bandas.
-
Reforzar los programas de prevención en comunidades vulnerables.
La prevención como herramienta clave
Más allá de la represión directa al crimen organizado, las instituciones remarcan que el verdadero cambio pasa por la prevención comunitaria, mediante programas de educación, capacitación y apoyo social para que los menores no vean en las bandas una salida fácil.
