Las autoridades judiciales de Guatemala solicitaron formalmente a Interpol Costa Rica la extradición de un ciudadano guatemalteco de 41 años, identificado por su apellido Lemus, empleado de Datasys Group, una compañía con presencia destacada en contrataciones con el Estado costarricense.
Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Lemus fue detenido en vía pública, en la zona de Sabana Norte, luego de que Interpol Guatemala emitiera una orden de captura por presuntos delitos de malversación de fondos, fraude contra la hacienda pública y legitimación de capitales.
Antecedentes en Guatemala: investigación por compra de equipo electoral
La orden internacional fue emitida en junio de este año por un tribunal penal guatemalteco. De acuerdo con medios de ese país, Lemus habría comparecido ante una comisión legislativa en el marco de una investigación sobre la adquisición de equipo para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), usado por el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco.
Este caso ya había salpicado a otros empleados de la empresa: en febrero de 2023, el Ministerio Público de Guatemala arrestó a Julio Antonio Chocoj, contador de Datasys, acusado de estafa y lavado de dinero.
Expansión de Datasys en Costa Rica
Contratos con entidades estatales
Lemus se desempeña como gerente de tesorería regional de Datasys desde 2017. En Costa Rica, la empresa ha experimentado un notable crecimiento en la obtención de contratos estatales, principalmente a través de Radiográfica Costarricense (Racsa) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
En la CNE, el consorcio Datasys-Vinet facturó $2,6 millones por servicios de seguridad informática, acaparando el 56% de un paquete total de $4,8 millones adjudicado a varias empresas, según un informe de El Semanario Universidad.
Contrato en la mira: de $3 millones a $25 millones
Uno de los puntos más controvertidos es un contrato entre Racsa y Datasys para el mantenimiento de la red de acceso inalámbrico 5G, que originalmente tenía un presupuesto de $3 millones, pero que, tras dos órdenes de pedido adicionales, escaló hasta los $25 millones.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga el caso, luego de recibir un documento firmado por casi 20 diputados en el que se advierte sobre la necesidad de verificar la legalidad y transparencia de las operaciones.
En ese escrito, el diputado Francisco Nicolás denunció que la ampliación presupuestaria multiplicó por más de ocho veces el monto inicial, lo que consideró un indicio de posibles irregularidades administrativas o penales.
