Más de 3.000 personas y 72 organizaciones de la sociedad civil hicieron pública una carta en la que alertan sobre los riesgos ambientales, sociales y jurídicos que, aseguran, representa el megaproyecto Bahía Papagayo, impulsado en Guanacaste por la empresa Enjoy Hotels and Resorts S.A..
El pronunciamiento, difundido este martes por Asociación Ciudadana ACCEDER, GuanaDefensoras y Antigentrificación CR, también denuncia lo que califican como una persecución judicial contra defensores ambientales e influencers que han cuestionado el desarrollo turístico.
El proyecto y sus dimensiones
Según detalla el documento, el plan contempla un desarrollo de 117 hectáreas que incluiría:
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Un hotel de 130 habitaciones.
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Un condohotel con 105 habitaciones.
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Ocho edificios de tiempo compartido (256 habitaciones).
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100 lotes residenciales con hasta 200 habitaciones adicionales.
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Un country club con gimnasio, piscinas, salones de eventos, canchas deportivas y áreas recreativas.
Todo esto se proyecta sobre terrenos actualmente cubiertos por bosque y colindantes con manglares y acuíferos estratégicos, ecosistemas de alto valor ecológico en la provincia.
Críticas al proceso de aprobación ambiental
Las organizaciones cuestionan que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgara viabilidad al proyecto sin realizar una audiencia pública y basándose, presuntamente, en estudios ambientales contratados por la propia desarrolladora.
Desde GuanaDefensoras advirtieron que autorizar un complejo de estas dimensiones en un ecosistema frágil podría significar la pérdida del acceso al agua y a la tierra para las comunidades locales, agravando la especulación inmobiliaria y los desplazamientos en una provincia históricamente afectada por la sequía.
Denuncias de hostigamiento judicial
El manifiesto también denuncia que, como represalia por sus críticas, la empresa —a través del bufete BLP Legal— interpuso demandas civiles y solicitó embargos preventivos contra activistas y comunicadores, provocando el congelamiento de cuentas y afectaciones patrimoniales.
“Estamos ante un uso abusivo del sistema judicial para amordazar la crítica legítima de quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos”, declaró Janekeith Durán Barberena, del equipo jurídico de ACCEDER. “Embargar a personas defensoras por ejercer su libertad de expresión es desproporcionado y peligroso. La defensa del ambiente no es un crimen”.
Investigaciones en curso y exigencias ciudadanas
La Fiscalía Ambiental de Santa Cruz mantiene abierta una investigación penal de oficio por presunta tala ilegal en terreno boscoso, y ya ha decomisado los expedientes de concesión vinculados al grupo hotelero.
En la carta pública, las organizaciones exigen:
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Anular la viabilidad ambiental otorgada al proyecto.
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Realizar una audiencia pública y un proceso de consulta transparente.
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Brindar protección efectiva a personas defensoras del ambiente.
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Detener las medidas judiciales contra críticos del megaproyecto.
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Mantener la solidaridad con quienes han denunciado otros casos similares.
El comunicado advierte que este no es un hecho aislado, sino parte de una “estrategia de silenciamiento e intimidación” contra quienes defienden el bien común y los recursos naturales en Guanacaste.
FUENTE EL MUNDOCR
