La otra cara de la potencia: EE. UU. rompe récord de personas sin hogar
En el país con la economía más poderosa del planeta, la escena de calles repletas de tiendas de campaña y personas buscando refugio bajo puentes es cada vez más común. Lejos de resolverse, la crisis de vivienda en Estados Unidos alcanzó en 2024 su punto más alto desde que existen registros: más de 770 mil personas carecen de un techo seguro, según datos oficiales.
La situación ha motivado medidas polémicas desde la Casa Blanca. El presidente Donald Trump ordenó este mes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., así como el control directo de la policía local, con el objetivo de “liberar” la ciudad de la criminalidad y las personas sin hogar. Su plan también refuerza la presencia del FBI en las calles y endurece la aplicación de leyes contra el acampar en espacios públicos.
Las autoridades de la capital, lideradas por la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, calificaron la decisión como “improcedente” y señalaron que los delitos violentos han caído en la ciudad desde 2024, lo que contradice la narrativa presidencial.
Cifras históricas y familias más afectadas
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) realiza un conteo nacional cada enero. El de 2024 reveló un incremento del 18% en comparación con el año anterior, con un aumento particularmente alarmante entre familias con hijos: un 40% más que en 2023. En total, casi 150 mil menores pasaron esa noche sin un hogar fijo.
El informe también destacó que, aunque la cantidad de veteranos militares sin techo bajó ligeramente, el resto de la población afectada sigue creciendo en todos los grupos. Entre las principales causas del repunte están el fin de las ayudas federales por la pandemia, como la moratoria de desalojos, y la llegada de decenas de miles de migrantes que buscan asilo.
Un problema con raíces profundas
Expertos y organizaciones especializadas advierten que esta crisis es estructural, no un fenómeno reciente. La escasez de viviendas asequibles, los salarios que no alcanzan para cubrir el alquiler y la falta de acceso a servicios de salud son factores que se retroalimentan.
Según la National Low Income Housing Coalition, un trabajador con salario mínimo debe laborar 104 horas semanales para pagar un apartamento de un dormitorio a precio de mercado. Además, se calcula un déficit de 7,1 millones de viviendas accesibles para quienes tienen ingresos extremadamente bajos.
Margot Kushel, directora de la Benioff Homelessness and Housing Initiative de la Universidad de California en San Francisco, advierte que la visión oficial de la Casa Blanca es “simplista” porque omite factores como la imposibilidad de costear atención médica, la discriminación histórica y la precariedad laboral.
Debate sobre criminalización
La orden ejecutiva de Trump afirma que la mayoría de las personas sin hogar sufren adicciones o problemas de salud mental, y autoriza internamientos civiles para quienes “no puedan cuidarse a sí mismos” o representen un riesgo.
Organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alertan que la recopilación masiva de datos y el endurecimiento de sanciones podrían aumentar la criminalización de la pobreza, sin ofrecer soluciones reales.
Para Kushel y otros especialistas, el problema de fondo no se resuelve con despliegues policiales, sino con políticas integrales de vivienda, salud y empleo que permitan a las personas recuperar estabilidad. Mientras tanto, en la nación más rica del mundo, la lucha diaria por encontrar un lugar seguro donde dormir sigue marcando la vida de cientos de miles.
