El gremio de los taxistas en Costa Rica enfrenta uno de sus momentos más críticos en décadas. Datos del Consejo de Transporte Público (CTP) y estimaciones de líderes del sector revelan que alrededor de 6.800 taxis podrían dejar de operar antes de que finalice el 2025.
La cifra es alarmante: esta posible reducción representa un 53% del total de concesiones vigentes, lo que implicaría un golpe directo al transporte público formal.
Causas de la crisis: entre la competencia y la falta de apoyo
Según el CTP, este año estaba programada la renovación de 12.778 concesiones, pero solo 5.821 concesionarios han completado el proceso. Además, 3.013 unidades siguen pendientes de renovación y 3.855 taxis ya perdieron su permiso por atrasos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o por renuncia voluntaria.
El representante de la Unión Costarricense de Taxistas, Rubén Vargas, apunta a dos factores que han debilitado al sector:
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La competencia del transporte ilegal, incluyendo plataformas digitales no reguladas.
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El impacto económico de la pandemia, que redujo los ingresos hasta en un 60%, mientras los gastos operativos se mantienen al 100%.
Vargas acusa a las autoridades de permitir la expansión del transporte informal por presuntos intereses políticos y económicos.
Voces del gremio: un llamado urgente
Gibert Ureña, representante del sector ante el CTP, advirtió que una cuarta parte de las concesiones ya han sido revocadas, en la mayoría de los casos por falta de ingresos suficientes para sostener la operación.
Ambos voceros coinciden en que el Estado debe actuar con urgencia para reglamentar las plataformas digitales y proteger al transporte público formal.
El transporte público como derecho ciudadano
El CTP recuerda que el transporte público regulado no solo es un servicio, sino un derecho respaldado por la Constitución y las leyes N.° 7969 y N.° 9078.
Rafael Herrera, director ejecutivo del CTP, subrayó que este sistema garantiza:
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Accesibilidad para personas con discapacidad, estudiantes y sectores vulnerables.
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Seguridad mediante seguros obligatorios y control regulatorio.
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Equidad social, al ofrecer tarifas justas y un servicio supervisado.
Herrera insistió en que, a diferencia de las opciones ilegales, el transporte regulado protege al usuario, promueve la inclusión y contribuye a la reducción de riesgos viales y consumo de combustible.
