Una fuerte preocupación se ha encendido en el sector agropecuario costarricense debido al ingreso masivo de papa importada sin cumplir los controles fitosanitarios exigidos previamente. La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y la Cámara de Productores de Papa de Costa Rica (CPPC) han elevado la voz ante lo que consideran una amenaza directa a la sanidad agrícola del país y al bienestar de miles de familias que dependen del cultivo de este tubérculo.
Riesgo sanitario y distorsión del mercado
Según ambas organizaciones, los nuevos lineamientos que han flexibilizado el ingreso de papa extranjera omiten análisis de riesgo de plagas y requisitos básicos para garantizar la inocuidad del producto. Esta falta de controles no solo pone en peligro los cultivos locales, sino que también representa un retroceso en los estándares sanitarios que históricamente han protegido al consumidor costarricense.
“La introducción de una plaga puede devastar la producción nacional y generar consecuencias económicas irreversibles”, advirtió la CNAA en su comunicado oficial. De igual forma, se alertó que el bajo precio de estas importaciones genera una competencia desleal, afectando seriamente la rentabilidad de los agricultores nacionales.
Cartago, una región en jaque
Uno de los sectores más expuestos es la provincia de Cartago, considerada el corazón de la producción de papa en el país. Las cámaras agrícolas han insistido en que la introducción de material vegetal sin control adecuado podría provocar una crisis en esta zona, con pérdidas tanto sociales como económicas.
Los agricultores locales han manifestado que, sin medidas concretas, la producción nacional podría desplomarse, generando desempleo y desabastecimiento.
Llamado urgente al Gobierno
La CNAA ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y al Ministerio de Hacienda que intervengan de inmediato para evitar un daño mayor. Piden revisar los procesos de importación y reforzar la fiscalización en aduanas, tributación y salud agroalimentaria, a fin de garantizar que todo alimento que ingrese cumpla con los estándares sanitarios del país.
