Los patios del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) atraviesan una emergencia silenciosa: están completamente saturados por miles de motocicletas decomisadas a lo largo de los últimos años. La magnitud del problema ya limita la ejecución efectiva de nuevos operativos de control, especialmente en zonas urbanas con alta circulación de motos.
En el plantel de El Coco, cercano al Aeropuerto Juan Santamaría, las imágenes hablan por sí solas: centenares de motocicletas se amontonan, muchas en estado de abandono y deterioro tras más de una década sin ser reclamadas. Según cifras oficiales, alrededor de 40.000 motos permanecen bajo resguardo del COSEVI a nivel nacional, de las cuales más de 18.000 están en La Guácima.
Multas que superan el valor de la moto
Una de las razones por las que tantas unidades quedan en custodia es simple: las sanciones acumuladas en muchos casos superan el precio comercial de las motocicletas, por lo que los propietarios deciden no recuperarlas. Este fenómeno ha sido común entre motocicletas de baja cilindrada que circulan sin placas, sin licencia o en condiciones inseguras.
En muchos casos, además del costo económico, se suman los trámites burocráticos y legales que hacen inviable el retiro del vehículo. La falta de un sistema eficiente para subastar o destruir estas unidades también ha contribuido al colapso.
Operativos no se detienen, pese al colapso
A pesar del problema de almacenamiento, las autoridades no planean suspender los controles viales. Este jueves, la Policía Municipal de San José realizó un operativo nocturno que culminó con 13 motocicletas decomisadas y 140 boletas de infracción.
No obstante, las motos confiscadas fueron enviadas al plantel de Barrio Cuba, que también se encuentra al tope de su capacidad, a la espera de que el COSEVI autorice nuevos ingresos. Esta situación ha puesto presión sobre las autoridades locales, quienes continúan exigiendo una solución estructural.
Piques ilegales y circulación temeraria: el blanco de las autoridades
Los operativos nocturnos se enfocan principalmente en las caravanas y piques ilegales, actividades que se han vuelto cada vez más comunes y que suelen realizarse en horarios y vías donde la supervisión es limitada.
Estas conductas, además de ser ilegales, ponen en riesgo tanto a los conductores como a los peatones, ya que implican el uso de alta velocidad, maniobras peligrosas y la obstrucción de vías públicas. En lo que va del 2025, ya se han confiscado más de 3.400 motocicletas, en su mayoría vinculadas a este tipo de faltas.
Las estadísticas revelan un patrón preocupante: la mayoría de las motos decomisadas son de bajo cilindraje y están relacionadas con infracciones graves, como conducir sin licencia, no portar placa, y evadir controles.
