La aerolínea Aerocaribe de Costa Rica, junto con familiares de tres de las cinco víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el 25 de noviembre de 2024 en Pico Blanco, Escazú, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra funcionarios de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), alegando homicidio culposo por aparentes fallos en las instrucciones de vuelo.
La aeronave, identificada como TI-GER, se estrelló mientras volaba en condiciones instrumentales bajo las Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR), dejando como única sobreviviente a Paola Amador, una mujer de 31 años y madre de dos hijos.
Una denuncia con nombre y responsabilidad
El abogado penalista Federico Campos Calderón, quien representa tanto a Aerocaribe como a las familias de las víctimas Mario Miranda Ramírez, Ruth García Chavarría y Enrique Arturo Castillo Incera, declaró que el objetivo es lograr un precedente legal que impulse mayor rigurosidad en los protocolos de la aviación civil.
“Pretendemos que se investigue y se sancione penal y civilmente a quienes, por acción u omisión, incurrieron en decisiones que terminaron en una tragedia evitable”, explicó Campos.
Según la denuncia, los controladores de tránsito aéreo habrían fallado en mantener la aeronave a la altitud mínima recomendada para el sector montañoso, que era de 10,000 pies, pero ordenaron al piloto sostener 6,500 pies, altitud que resultó fatal.
Señales ignoradas y mapa de vectores en entredicho
Uno de los principales argumentos de la denuncia es que el mapa oficial de vectores, que señala los obstáculos geográficos y las altitudes mínimas seguras, ya advertía la necesidad de mayor altitud en esa ruta. A pesar de contar con tecnología de radar capaz de mostrar la topografía y advertencias, los funcionarios al parecer no aplicaron las medidas de seguridad correspondientes.
Este tipo de errores, explican los denunciantes, no solo violan protocolos internacionales, sino que evidencian un grave incumplimiento del deber de cuidado por parte de quienes tienen la responsabilidad de guiar las aeronaves en condiciones adversas.
La voz de las víctimas: justicia y prevención
Además de buscar que los responsables enfrenten consecuencias penales, los denunciantes insisten en la necesidad de reformas profundas dentro de Aviación Civil, que incluyan auditorías externas, capacitación técnica y mayor control en la aplicación de protocolos.
Las familias afectadas también exigen una compensación económica por los daños sufridos, aunque enfatizan que el objetivo principal es evitar que otra tragedia semejante se repita.
