Utilizar a menores para solicitar dinero en espacios públicos no solo representa una forma de vulneración de derechos, sino que también puede tener serias implicaciones legales para los adultos implicados. Así lo advirtió el abogado penalista Rodrigo Araya, tras conocerse el reciente caso de dos mujeres venezolanas que pedían dinero con infantes en brazos en el cantón de Escazú.
La escena, que involucró una discusión entre ambas mujeres en vía pública, fue intervenida por la Policía Municipal de Escazú y ahora es materia de investigación por parte de las autoridades.
Posibles delitos: de lesiones culposas a estafa en donaciones
Según explicó Araya, la exposición de niños a riesgos en la vía pública mientras se pide dinero puede derivar en responsabilidades penales, especialmente si los menores sufren algún tipo de daño físico. “En caso de una lesión o fallecimiento, los responsables podrían enfrentar cargos por homicidio culposo o lesiones, con penas de hasta 8 años de cárcel”, indicó el penalista.
Además, en los casos donde se utilicen menores que no son del núcleo familiar, el delito podría escalar a una figura aún más grave: estafa en donaciones. Este delito se configura cuando se recurre al engaño para obtener ayuda económica, y tiene penas que alcanzan hasta los 10 años de prisión.
“Si se comprueba que alguien alquila niños para simular necesidad, estaría incurriendo en un fraude deliberado a quienes ofrecen ayuda de buena fe”, recalcó Araya.
El PANI confirma monitoreo y apercibimientos
Por su parte, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó que da seguimiento a estos casos mediante advertencias a quienes exponen a los menores. “A personas migrantes se les apercibe de forma verbal o escrita sobre la prohibición de mantener a niños en estas condiciones de riesgo”, señaló un vocero institucional.
Aunque hasta la fecha no se han presentado denuncias sobre el uso de menores ajenos a la familia para pedir dinero, las autoridades mantienen una postura de prevención activa, ya que el fenómeno podría extenderse ante la falta de vigilancia permanente.
Trabajo infantil y explotación: otra arista del problema
La presencia de menores pidiendo dinero, ya sea solos o acompañados por adultos, también podría configurarse como una forma de trabajo infantil, lo cual está claramente prohibido por la legislación nacional. En estos casos, los adultos responsables podrían ser sancionados por permitir que un menor participe en actividades económicas que ponen en riesgo su desarrollo integral.
