Investigación penal contra cinco policías de la Fuerza Pública
Cinco oficiales de la Fuerza Pública enfrentan una investigación penal por presuntamente haber solicitado un pago ilegal a un conductor de camión en un retén ubicado en la Ruta 32, vía que conecta el Valle Central con la provincia de Limón. El hecho, denunciado por la víctima, motivó la detención de los implicados y la imposición de medidas cautelares que les impiden ingresar al cantón central de Limón mientras se desarrolla el proceso judicial.
La orden fue emitida por el Juzgado Penal de Pococí, en atención a la denuncia presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por parte de un transportista, quien relató haber sido obligado a entregar ¢100.000 en efectivo para poder continuar su trayecto.
Detalles de las restricciones judiciales
Los policías señalados responden a los apellidos Cheves Agüero, Matarrita Ruiz, Sequeira Ugalde, Navarro Rojas y Brenes Rivera. De acuerdo con la resolución judicial, ninguno de los imputados podrá:
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Ingresar al cantón central de Limón
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Realizar diligencias o controles en la Ruta 32
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Comunicarse con las víctimas o testigos, ya sea de forma directa, por terceros o mediante redes sociales
La medida busca evitar cualquier tipo de intimidación, presión o represalia, mientras se completa la etapa de recolección de pruebas y entrevistas testimoniales. La vigencia de estas restricciones se extenderá hasta el 1.º de noviembre, salvo que el tribunal decida lo contrario.
Un caso que sacudió la confianza ciudadana
El caso ha provocado indignación entre la opinión pública, ya que toca directamente la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden. La supuesta extorsión, cometida bajo el uniforme de la autoridad, ha generado cuestionamientos sobre los controles internos dentro de la Fuerza Pública.
Las detenciones fueron coordinadas por agentes del OIJ de Pococí y Guácimo, luego de recibir la denuncia por parte del afectado. Durante el operativo se logró capturar a tres hombres y dos mujeres vinculados al presunto acto de corrupción.
