El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Gobierno abstenerse de modificar el modelo o la asignación de frecuencias de televisión abierta hasta que finalice el proceso electoral del año 2026. La medida busca asegurar que la ciudadanía mantenga un acceso continuo e irrestricto a la información político-electoral.
Esta directriz surge luego de que el presidente Rodrigo Chaves insinuara, en su espacio televisivo semanal, la posibilidad de suspender frecuencias si no se aprueba una reforma al cobro del canon por uso del espectro radioeléctrico. Las declaraciones generaron preocupación en sectores de la radiodifusión y medios televisivos, quienes recurrieron al TSE en busca de claridad y protección institucional.
Antecedentes: de las radios a las televisoras
Una jurisprudencia que se extiende
En abril de este año, el TSE ya había emitido una resolución similar en respuesta a una consulta de la Cámara Nacional de Radio (Canara), ante intentos del Poder Ejecutivo por modificar las reglas del juego en las frecuencias radiofónicas. La reciente gestión de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) dio pie a que el Tribunal ampliara la aplicación de esa misma doctrina, ahora hacia la televisión abierta.
“Las interpretaciones del TSE son vinculantes para todos. Por ello, hemos extendido la jurisprudencia previa para cubrir a las televisoras”, señaló el órgano electoral.
El TSE utilizó el principio de economía procesal y coherencia jurídica, previsto en el Código Procesal Contencioso Administrativo, para justificar esta decisión.
El acceso a la información, un derecho en juego
¿Por qué es tan importante esta medida?
El TSE advirtió que cualquier apagón, suspensión o modificación en el funcionamiento de frecuencias podría limitar la capacidad de la población para informarse adecuadamente durante la etapa electoral, lo que vulneraría derechos fundamentales.
“Variaciones en las condiciones operativas de las emisoras o televisoras afectarían gravemente la oferta informativa y, por ende, la calidad de las decisiones ciudadanas en las urnas”, sostiene el Tribunal.
En este contexto, el acceso universal y gratuito a contenidos noticiosos y electorales cobra un valor estratégico, especialmente para zonas alejadas o poblaciones con acceso limitado a plataformas digitales.
Contexto político: una reforma con tensiones
Lo que propone el Poder Ejecutivo
El presidente Chaves ha impulsado una reforma en el esquema de cobro del canon que deben pagar los medios por utilizar el espectro radioeléctrico. Según sus palabras, si la Asamblea Legislativa no avala la propuesta, el Gobierno podría proceder a apagar frecuencias como medida de presión.
Este tipo de declaraciones encendió alarmas tanto en el sector mediático como en organismos de defensa de la libertad de expresión, ya que plantean escenarios en los que los medios quedarían en una posición vulnerable ante decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
Precedente: el caso del apagón digital en 2017
El Tribunal recordó que ya en 2017, bajo la administración de Luis Guillermo Solís, tomó una resolución similar para evitar que la población quedara sin acceso a canales gratuitos durante la transición a la televisión digital.
En aquella ocasión, se garantizó el derecho a la información asegurando que ningún cambio técnico interfiriera en la cobertura electoral. Esa experiencia sirvió como antecedente clave para la decisión actual.
¿Qué sigue?
Con la resolución del TSE, cualquier intento de modificación en el uso de frecuencias quedará congelado hasta que se emitan las declaratorias de elección de 2026. Esto implica que el Micitt deberá mantener inalteradas las condiciones operativas del espectro, tanto en radio como en televisión.
