Un proyecto de ley presentado por la diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático, plantea que el Estado costarricense asuma el pago de las pensiones alimentarias cuando estas no puedan cobrarse debido a la edad o condición del progenitor obligado, siempre y cuando este sea mayor de 65 años.
La propuesta, contenida en el expediente legislativo no. 24.962, busca garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, incluso en casos en los que el obligado carezca de recursos, haya fallecido sin dejar herencia o se encuentre protegido por la ley contra apremio corporal.
¿En qué casos aplicaría esta medida?
Situaciones contempladas por el proyecto
La normativa propone que el Estado intervenga como garante del derecho alimentario en situaciones específicas donde se compruebe la imposibilidad de cobro. Estas son:
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Imposibilidad legal de aplicar el apremio corporal (por ejemplo, cuando el deudor tiene más de 65 años).
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Insolvencia económica comprobada por los medios judiciales correspondientes.
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Fallecimiento del deudor sin bienes sucesorios que permitan cubrir la deuda.
El texto legislativo aclara que esta ley se aplicaría únicamente a pensiones previamente fijadas por sentencia judicial o por acuerdos homologados por autoridad competente.
Financiamiento: impuesto al tabaco como fuente exclusiva
Recurso económico específico y limitado
Para financiar esta obligación estatal, la iniciativa propone utilizar un porcentaje del impuesto que se recauda sobre el consumo de tabaco. Específicamente, el proyecto establece que se destinaría el 0,05% de ese tributo al fondo para cubrir pensiones alimentarias en los casos contemplados.
Según datos presentados por la diputada Alpízar, solo en el último año se recaudaron ¢150 millones por ese concepto, lo que permitiría contar con una base presupuestaria inicial para responder a esta necesidad social.
Impacto social y objetivo principal
Proteger a la niñez más vulnerable
El proyecto responde a una preocupación creciente sobre la situación de menores que quedan sin sustento económico ante la incapacidad de sus progenitores de cumplir con el deber alimentario. En especial, cuando se trata de adultos mayores que no pueden ser encarcelados ni forzados a pagar por su condición legal o física.
Alpízar afirmó que esta ley “busca llenar un vacío en el sistema de protección social, asegurando que ningún menor quede desamparado por razones fuera de su control”.
