La diputada oficialista Pilar Cisneros lanzó una dura crítica contra la Asamblea Legislativa, al asegurar que la primera semana de sesiones extraordinarias resultó improductiva y representó un desperdicio de ₡1.000 millones en recursos públicos.
Según expresó en sus redes sociales, el Congreso “no avanzó en absolutamente nada” durante la semana en la que el Poder Ejecutivo define la agenda legislativa.
Un día sin quórum y comisiones paralizadas
Cisneros detalló que el miércoles no se alcanzó quórum, por lo que no se pudo realizar la sesión plenaria. Además, recalcó que las comisiones legislativas no han sido instaladas tras la elección del nuevo Directorio el pasado 1° de mayo, responsabilidad que recae sobre el presidente del Congreso, Rodrigo Arias.
A esto se suma que los viernes no se programan sesiones, ya que los legisladores suelen utilizar ese día para realizar giras a comunidades o atender reuniones externas, lo que, a criterio de Cisneros, limita aún más el tiempo útil de trabajo parlamentario.
El costo de la ineficiencia: ₡1.000 millones en una semana
La diputada explicó que, según estimaciones de la Gerencia de la Asamblea Legislativa, cada día de labores parlamentarias cuesta cerca de ₡200 millones. Por lo tanto, al no haberse logrado avances sustanciales durante la semana, se habrían malgastado alrededor de ₡1.000 millones en recursos públicos.
“Con ese dinero podríamos entregar casi 6.000 becas Avancemos o financiar 115.000 soluciones de vivienda social”, enfatizó Cisneros en su publicación.
Proyectos estancados: lo que aún no se discute
La jefa de fracción del oficialismo también manifestó su preocupación por la falta de progreso en temas que considera urgentes para el país, como:
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La aprobación de las jornadas excepcionales 4×3
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Regulación de la minería en Crucitas
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Ley de extradición de nacionales
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Reforma para la armonización del mercado eléctrico
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Nueva Ley de Radio y Televisión
A su juicio, estas iniciativas deben recibir prioridad inmediata, pues tienen implicaciones clave en el desarrollo económico, la seguridad jurídica y la transparencia institucional.
