La madrugada de este martes 13 de mayo, Costa Rica despertó con un operativo judicial de gran escala que ha sacudido los pasillos del poder. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) llevó a cabo 23 allanamientos simultáneos en viviendas, oficinas públicas y sedes institucionales en diferentes zonas del país.
El objetivo: esclarecer una presunta red de irregularidades detrás de la adjudicación de un contrato por más de ₡21.000 millones para remodelar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia.
Entre los inmuebles intervenidos figuran las casas de figuras clave del aparato estatal, como el expresidente del Consejo Técnico de Aviación Civil y exministro de Transportes, Mauricio Batalla, y el actual presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado. También fue allanada la residencia del director de Aviación Civil, Marco Castillo, así como oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la propia CNE.
Las diligencias son parte de la causa penal 24-000030-1218-PE. A todos ellos se les vincula con un posible caso de falsedad ideológica, relacionado con el proceso de contratación adjudicado a la constructora MECO S.A., en el contexto de una declaratoria de emergencia nacional.
Emergencia o excusa: lo que hay detrás del decreto
El origen del caso se remonta a julio de 2022, cuando se emitió un decreto ejecutivo que declaró emergencia nacional tras el paso de la tormenta tropical Bonnie. Esta declaratoria fue luego ampliada por el propio presidente Chaves y la exministra Díaz en junio de 2023, con el fin de habilitar la contratación directa de obras, entre ellas, la intervención de la pista del aeropuerto liberiano por $40 millones (₡21.889 millones).
Sin embargo, técnicos de la Dirección General de Aviación Civil detectaron que los daños no tenían relación directa con Bonnie, lo que generó dudas sobre la legitimidad del uso del decreto de emergencia para gestionar dicha contratación.
