El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una ambiciosa propuesta para recortar drásticamente los precios de los medicamentos recetados, argumentando que los ciudadanos estadounidenses pagan mucho más por los mismos productos que en otros países. Su meta: alinear los costos con los precios más bajos que se pagan en el extranjero.
Esta promesa fue reforzada con un decreto firmado en la Casa Blanca, donde se establece que algunos fármacos deberán reducir su precio hasta en un 90%, dependiendo del país de referencia.
¿En qué consiste la política de “nación más favorecida”?
El eje de esta estrategia se basa en una medida conocida como “nación más favorecida”, que consiste en establecer que el precio máximo que se pague por un medicamento en Estados Unidos no supere el precio más bajo que se abona por ese mismo producto en otros países desarrollados.
“Quien esté pagando el precio más bajo, ese es el precio que vamos a conseguir”, declaró Trump ante medios de comunicación.
El exmandatario argumenta que, de esta manera, se terminaría con la brecha que coloca a los estadounidenses entre los ciudadanos que más dinero destinan a tratamientos médicos a nivel mundial.
Críticas a la Unión Europea y las farmacéuticas
Durante su anuncio, Trump arremetió contra la Unión Europea (UE), acusando al bloque de “brutalidad” en sus negociaciones con las farmacéuticas. Según dijo, las autoridades europeas fuerzan a las empresas a reducir precios drásticamente para operar en sus mercados, lo que afecta directamente el equilibrio financiero global del sector.
“Las compañías farmacéuticas me contaron historias de cómo fueron obligadas a ceder ante la Unión Europea. Fue brutal”, comentó Trump en su red Truth Social.
El republicano también adelantó que, si su plan avanza, los precios que paguen los estadounidenses por medicamentos podrían bajar en promedio un 59%, aunque algunos casos particulares alcanzarían reducciones cercanas al 80% o 90%.
Desafíos legales y voluntad de la industria
Si bien el decreto ya fue firmado, su implementación enfrenta serios desafíos legales, dado que implicaría modificaciones en los contratos existentes y una presión significativa sobre las compañías farmacéuticas. Además, la propuesta dependerá en gran medida de la voluntad de estas empresas para renegociar precios sin alterar el acceso ni la disponibilidad de tratamientos.
