El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó al exdiputado liberacionista David Gourzong a una pena de 270 días multa, equivalente a ₡4.050.000, por haber incurrido en dos delitos contra la libre determinación del votante durante el proceso electoral de 2018.
Los jueces determinaron que existía prueba suficiente para comprobar que el exlegislador ofreció ₡50.000 a cambio del voto, aprovechando su posición como gerente de una empresa privada, en un intento por asegurar respaldo electoral en su candidatura con el Partido Liberación Nacional (PLN).
Los hechos: votos por dinero en campaña del 2018
El incidente ocurrió en febrero del 2018, justo antes de las elecciones nacionales. De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Gourzong solicitó apoyo electoral a un grupo de trabajadores a cambio de un incentivo económico. La oferta fue clara: votar por él en los comicios del 4 de febrero a cambio de ₡50.000 por persona.
La causa se tramitó bajo el expediente 20-000022-0033-PE, y tras años de investigación, el Tribunal resolvió este lunes que el imputado violó principios fundamentales del sistema democrático, al intentar comprar la voluntad popular.
Multa millonaria y ejecución condicional
La condena impuesta al exdiputado consiste en 270 días multa, con una tarifa diaria de ₡15.000, lo que suma un total de ₡4.050.000, monto que deberá ser depositado a favor de la caja única del Estado en un plazo de 15 días hábiles.
Sin embargo, Gourzong no irá a prisión, ya que el Tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena. Esto significa que evitará cumplir la sentencia tras las rejas, siempre y cuando no incurra en delitos dolosos durante los próximos tres años, y pague la multa dentro del tiempo establecido.
En caso de incumplimiento, el beneficio quedaría revocado y se ordenaría su reclusión en un centro penitenciario.
¿Qué impacto tiene este caso en la ética política?
La condena contra Gourzong reabre el debate sobre la ética en la función pública y los riesgos de manipulación electoral. Aunque se trata de una sanción económica y no de cárcel inmediata, expertos en derecho y analistas políticos coinciden en que la sentencia envía un mensaje claro: los delitos contra el voto no quedarán impunes.
