Con voto unánime de 45 diputados, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en tercer debate de segunda legislatura una reforma trascendental a la Constitución Política. La modificación del artículo 32 permitirá, por primera vez, la extradición de ciudadanos costarricenses implicados en delitos de narcotráfico y terrorismo internacional, bajo condiciones muy específicas.
El expediente legislativo 23.701, propuesto por la diputada oficialista Pilar Cisneros, fue respaldado por todas las fracciones, marcando un momento clave en el fortalecimiento del marco jurídico costarricense frente al crimen transnacional.
¿Qué dice el nuevo texto constitucional?
La redacción final del artículo 32 establece que ningún costarricense podrá ser obligado a abandonar el territorio nacional, salvo cuando se compruebe su implicación en tráfico internacional de drogas o terrorismo, y siempre que un tribunal de justicia local apruebe la extradición.
La decisión se tomará bajo estricto apego a los derechos humanos y las garantías procesales, tal como lo establece la Constitución. Además, el país solicitante debe comprometerse formalmente a no aplicar penas como la cadena perpetua ni la pena de muerte, las cuales están prohibidas en la legislación costarricense.
Un proceso legislativo complejo y sin precedentes
La reforma no fue inmediata. Su aprobación implicó una serie de pasos meticulosos y un alto consenso político. Primero, se votó en dos debates en primera legislatura. Luego, para quedar en firme, requirió de tres votaciones adicionales en segunda legislatura, tal como lo exige el procedimiento para reformas constitucionales.
El presidente Rodrigo Chaves subrayó la importancia de este cambio en su informe anual ante el Congreso el pasado 2 de mayo de 2025, acelerando así su avance dentro del calendario legislativo.
¿Qué sigue ahora?
Aunque la reforma fue aprobada por el Congreso, aún no entra en vigencia. El siguiente paso es que el Poder Ejecutivo reciba el texto, lo observe y publique oficialmente en los medios establecidos por la ley. Solo entonces, la modificación al artículo 32 será efectiva.
Este cambio supone un hito jurídico en la historia del país, al derribar una barrera constitucional que durante décadas impidió la extradición de costarricenses, sin comprometer los principios esenciales de protección a los derechos humanos.
