En un giro que profundiza el control estatal sobre la identidad nacional, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este viernes una reforma constitucional que prohíbe la doble nacionalidad, afectando a todos los ciudadanos que adquieran otra ciudadanía, quienes perderán automáticamente la nicaragüense.
La reforma fue promovida por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, consolidando su estrategia de exclusión contra opositores y voces críticas que, en los últimos años, han sido despojados de su nacionalidad y expulsados del país.
“No puede existir doble fidelidad”: la justificación del régimen
Durante una sesión especial celebrada en Niquinohomo, cuna del héroe nacional Augusto C. Sandino, el Parlamento —dominado por el oficialismo— aprobó de forma unánime la reforma parcial a los artículos 23 y 25 de la Constitución.
El nuevo texto sostiene que “quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”.
La medida, según Ortega y Murillo, responde a un principio de «lealtad única al país», aunque opositores y defensores de derechos humanos aseguran que forma parte de una escalada autoritaria que pretende silenciar el disenso y limitar el derecho al retorno de exiliados.
Nuevas restricciones para quienes buscan nacionalizarse
Además de eliminar la doble nacionalidad para los nicaragüenses, la reforma establece que los extranjeros que deseen nacionalizarse deberán renunciar a su ciudadanía de origen, con la única excepción de los ciudadanos centroamericanos, lo que sugiere una intención de cerrar aún más las puertas a la migración externa, salvo para países del área.
Una medida más en la escalada autoritaria
Desde las protestas masivas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según datos de la ONU, el régimen Ortega-Murillo ha intensificado su política de control social, persecución política y censura. Más de 300 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad, muchos de ellos figuras reconocidas en el ámbito académico, artístico y periodístico.
La nueva reforma constitucional legaliza y extiende esta práctica, y es vista por analistas como una advertencia directa a cualquier ciudadano que piense en cuestionar al régimen desde el exterior.
