El Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones, que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta un fuerte desequilibrio financiero tras cerrar el 2024 con un déficit de ¢39.646 millones, encendiendo las alertas sobre la sostenibilidad de este sistema de protección social.
Este régimen, dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad severa y ciudadanos en situación de pobreza que nunca cotizaron, ha sido impactado por una caída significativa en sus ingresos, que disminuyeron un 14% respecto al año anterior.
Caída en ingresos: el Estado recortó transferencias clave
El informe oficial presentado a la junta directiva de la Caja detalla que, mientras en 2023 el RNC recibió ¢218.330 millones, en 2024 solo ingresaron ¢186.996 millones. Esta reducción se debe principalmente a menores aportes del Estado en varias fuentes:
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Fodesaf (Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares) giró ¢10.298 millones menos que el año anterior.
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Ley 7972, que incluye impuestos sobre cigarrillos y licores, dejó de aportar ¢461 millones.
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Algunos recursos girados por el Ministerio de Hacienda deben devolverse porque la Caja no puede ejecutarlos, debido a límites legales establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo.
Límite legal frena expansión de nuevas pensiones
Según Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, la institución tiene un tope legal de 5.000 nuevas pensiones netas por año, lo cual limita su capacidad de atención a quienes ya han solicitado el beneficio.
“Tratamos de negociar con Fodesaf para que esos recursos se quedaran en las arcas de la institución, pero por norma nos dijeron que no se puede”, explicó Barrantes.
Esto ha creado una situación preocupante, ya que existen recursos disponibles, pero no pueden utilizarse por restricciones administrativas, lo cual agrava la lista de espera de personas que necesitan la pensión para subsistir.
Beneficiarios en espera: una deuda social pendiente
Las pensiones del RNC están diseñadas para asistir a los sectores más vulnerables de la población: personas en pobreza extrema, con enfermedades crónicas o discapacidad severa, y adultos mayores sin respaldo contributivo.
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, se mostró preocupada por la creciente acumulación de solicitudes no tramitadas y las restricciones que impiden ampliar la cobertura del programa:
“Tenemos una cola de solicitudes que no se han gestionado para otorgar esa pensión. ¿Cómo vamos a hacer esa devolución? Me preocupa muchísimo”, enfatizó Taylor.
