El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) será objeto de un análisis más riguroso en la próxima negociación presupuestaria para el año 2026. Así lo adelantó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien señaló que el financiamiento de las universidades públicas debe regirse por tres principios: lo establecido en la Constitución, la capacidad financiera del Estado y, como novedad, la rendición de cuentas.
El jerarca fue enfático en que el país no puede seguir entregando fondos sin una evaluación clara del uso que se le da a los mismos:
“Hoy prácticamente se le otorga un cheque en blanco a las universidades. Es hora de que los costarricenses sepan con transparencia cómo se están invirtiendo esos recursos”, expresó Acosta en declaraciones para Diario Extra.
Participantes en la mesa de diálogo
La negociación del presupuesto será liderada por representantes del Gobierno: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
En representación del sector académico, participarán los rectores de las cinco universidades estatales:
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Universidad de Costa Rica (UCR)
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Universidad Nacional (UNA)
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Tecnológico de Costa Rica (TEC)
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Universidad Estatal a Distancia (UNED)
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Universidad Técnica Nacional (UTN)
Estas instituciones recibirán los fondos sujetos a condiciones que, según el Ejecutivo, deben ser más claras, auditables y accesibles para la ciudadanía.
La deuda pendiente del año anterior
Durante la negociación presupuestaria de 2023, no se logró un consenso sobre los indicadores de desempeño que deberían regir el uso del FEES. Esta falta de acuerdo dejó sin efecto la posibilidad de exigir datos específicos a las universidades para este año.
“Sabemos que no estaban obligadas a entregar esos datos. Por eso insistimos en que la Asamblea Legislativa debe actuar para que haya reglas claras y no se repita la historia de entregar recursos sin control”, afirmó el ministro.
Educación superior bajo presión: el debate sobre la equidad
Uno de los puntos más sensibles es la percepción pública sobre la distribución de los recursos. Acosta subrayó que los fondos que se otorgan a las universidades provienen de los bolsillos de todos los costarricenses, incluidos aquellos que no logran acceder a la educación superior.
“No puede ser que nos enteremos por la prensa en qué se usan esos recursos. Hay ciudadanos que nunca entran a una universidad, y a ellos también se les debe una explicación”, dijo.
Este enfoque apunta a reforzar la equidad y la transparencia, dos valores que el Gobierno considera esenciales en un contexto de restricciones fiscales y demandas sociales en aumento.
Próximos pasos: agenda se definirá en junio
Aunque todavía no hay una fecha oficial para el inicio de las negociaciones, se espera que el calendario de trabajo se establezca en el mes de junio. A partir de ahí, se definirá el monto del presupuesto y las condiciones que deberán cumplir las universidades para recibirlo.
El escenario plantea un nuevo reto para la educación pública, que deberá equilibrar su autonomía con una mayor rendición de cuentas ante la ciudadanía y el Estado.
FUENTE DIARIO EXTRA
