Una declaración valiente bastó para desatar toda una investigación criminal que destapó uno de los asesinatos más brutales registrados en Puntarenas en los últimos años. Dos hombres, identificados como Vega Azofeifa y Matarrita Matarrita, pasarán los próximos 35 años tras las rejas por el homicidio de un menor de 14 años, quien fue descuartizado y calcinado.
El caso, ocurrido el 15 de marzo del 2024 en el Barrio 20 de Noviembre, inicialmente fue tratado como una desaparición. Sin embargo, la intervención de un testigo cambió por completo el rumbo de la historia. El testigo no solo aseguró haber visto al adolescente ingresar a una casa sin volver a salir, sino que también reportó un olor intenso a “carne quemada” esa misma noche. Más adelante, las cámaras de vigilancia confirmaron sus palabras.
Gracias a ese testimonio, el Ministerio Público logró conseguir una orden de allanamiento para la vivienda señalada. Allí, las autoridades hallaron pruebas contundentes: rastros de sangre humana, restos óseos y evidencia suficiente para sostener la hipótesis de que el adolescente fue asesinado, desmembrado con un arma cortante —posiblemente un hacha— y quemado dentro del inmueble.
El fiscal Gerardo Mata, encargado de sostener la acusación en juicio, señaló que este caso fue particularmente complejo, no solo por la edad de la víctima, sino por la crueldad de los hechos. “Logramos derribar el principio de inocencia de los acusados y demostrar, con pruebas científicas y testimonios, cómo se planificó y ejecutó este atroz crimen”, declaró tras conocer el fallo condenatorio.
Las pruebas forenses fueron decisivas. Análisis de ADN confirmaron que la sangre encontrada en la casa pertenecía a la víctima. Además, los restos óseos localizados tanto durante el allanamiento como días después de la desaparición, fueron identificados como de un menor. Especialistas en antropología forense concluyeron que habían sido expuestos al fuego y presentaban cortes típicos de una herramienta filosa.
La investigación también reveló detalles escalofriantes sobre la forma en que los asesinos se deshicieron del cuerpo. Luego del crimen, colocaron los restos en bolsas plásticas y los trasladaron en una motocicleta a distintos puntos de la provincia: un manglar cercano a la cancha de Pueblo Redondo y un lote baldío cerca del Colegio de Abogados.
La Fiscalía también procesa por separado a un tercer implicado, un menor de edad, bajo la jurisdicción de la Fiscalía Penal Juvenil. Se presume que los tres planearon el crimen con premeditación, utilizando una red social para atraer a la víctima con la excusa de consumir drogas.
