Una advertencia directa a San José
La organización Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una severa crítica al gobierno costarricense por aceptar la llegada de 200 migrantes expulsados desde Estados Unidos, incluidos 81 menores de edad. La ONG sostiene que estas personas fueron retenidas en condiciones abusivas y que se les negó la posibilidad de solicitar asilo.
“Costa Rica debe rechazar futuros traslados de ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos”, afirma HRW en un informe divulgado este jueves. La oenegé también exigió que tanto Washington como San José garanticen el acceso al asilo en condiciones dignas y seguras.
Deportaciones bajo presión: el nuevo rostro de la colaboración migratoria
Desde su regreso al poder en enero, el expresidente Donald Trump reanudó su ofensiva contra la migración irregular. Con la promesa de ejecutar deportaciones masivas, ha buscado la colaboración de gobiernos aliados para facilitar el tránsito y la recepción de personas expulsadas.
Costa Rica, reconocida históricamente por su política de acogida humanitaria, aceptó en febrero a 200 migrantes procedentes de países como Afganistán, Irán, China, Rusia, Turquía y el Congo. Sin embargo, HRW cuestiona que esta colaboración haya sido realizada sin el debido respeto a los derechos fundamentales de los expulsados.
Testimonios que exponen fallas graves
Michael Garcia Bochenek, asesor jurídico de HRW y autor del informe, entrevistó a 36 de los migrantes entre marzo y abril. Su relato es alarmante: muchos no pudieron ni siquiera presentar una solicitud de asilo en Estados Unidos, y algunos fueron retenidos durante semanas en condiciones degradantes.
“Solo identificamos dos casos en los que se intentó un proceso de asilo, pero fue extremadamente limitado”, afirmó Bochenek. También relató el caso de una madre separada de su hijo de 12 años, con problemas de visión, a quien no le permitieron recibir lentes nuevos mientras estuvo bajo custodia.
¿Un cambio en la política costarricense?
Aunque las autoridades costarricenses insisten en que han actuado como un “puente humanitario” entre EE. UU. y los países de origen de los migrantes, HRW asegura que Costa Rica “sabía o debería haber sabido” que muchas de estas personas temían regresar a sus naciones de origen.
La ONG advierte que aceptar estos traslados convierte al país centroamericano en “cómplice” de prácticas que violan el derecho internacional y el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad corran peligro.
Migrantes en un limbo legal
Según el informe, más de dos meses después de su llegada, la mitad de los 200 migrantes ya ha regresado a sus países, mientras que el resto permanece en Costa Rica. Las autoridades migratorias costarricenses comenzaron a devolverles los pasaportes el 23 de abril, otorgándoles un permiso humanitario por 90 días para solicitar asilo o abandonar el país.
Ante esta situación, HRW instó al gobierno tico a proporcionar condiciones adecuadas para su integración temporal: acceso al trabajo, vivienda, educación e idioma.
