Tres de las principales compañías que ofrecen servicios de internet en el país —Liberty, Telecable y Kölbi— fueron allanadas este martes por orden de la Fiscalía y el OIJ, en un caso que busca desarticular una red de estafas digitales que ha afectado a múltiples víctimas.
La acción se llevó a cabo como parte del expediente 23-011204-0042-PE, el cual es liderado por la Unidad contra el Cibercrimen del Ministerio Público, con apoyo de las secciones especializadas contra el Fraude Informático y Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La intervención también incluyó la detención de una mujer identificada por sus apellidos Barahona Torres, quien es sospechosa de estar vinculada a esta estructura criminal.
Fraude que se conectó desde Costa Rica
De acuerdo con la información oficial, los investigadores lograron rastrear al menos 15 direcciones IP utilizadas para acceder a cuentas bancarias de forma irregular. Todas ellas están asociadas a servicios de internet en territorio nacional, lo que centró la atención en las proveedoras mencionadas.
Aunque las empresas fueron notificadas previamente mediante solicitudes formales para entregar información relevante al caso, los datos que brindaron fueron insuficientes. Esto obligó a las autoridades judiciales a ingresar directamente a las instalaciones para recolectar la evidencia necesaria.
¿Qué se encontró en los allanamientos?
Durante la operación, se decomisaron celulares, computadoras, tabletas, tarjetas de débito a nombre de terceros y documentos bancarios. Todo este material será analizado para vincular a las personas involucradas con los accesos no autorizados y los movimientos financieros sospechosos.
En cuanto a la detenida, se espera que rinda declaración durante el día de hoy. Luego de ese proceso, el Ministerio Público decidirá si solicita alguna medida cautelar mientras continúa la investigación.
El trasfondo: ciberestafas al alza
Este tipo de casos no es aislado. En los últimos años, Costa Rica ha visto un aumento considerable en los delitos informáticos, donde los estafadores utilizan tácticas cada vez más sofisticadas para suplantar identidades, manipular cuentas bancarias y vaciar fondos. Las IP locales juegan un rol clave, pues permiten rastrear desde dónde se ejecutan estos fraudes, muchas veces sin que los verdaderos usuarios se den cuenta.
Las autoridades insisten en la importancia de que los proveedores colaboren activamente con las investigaciones, ya que su infraestructura es muchas veces utilizada por los delincuentes sin su conocimiento directo, pero su cooperación puede marcar la diferencia entre capturar a los responsables o dejarlos operar impunemente.
