Con 42 votos a favor en segundo debate, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes una reforma clave que refuerza el arsenal jurídico del país en materia de seguridad. Se trata del expediente 24.379, promovido por la diputada oficialista Pilar Cisneros, que establece penas de prisión para quienes dañen deliberadamente los escáneres antidroga y dispositivos tecnológicos utilizados en la detección y combate del narcotráfico.
Esta modificación al artículo 229 del Código Penal tipifica como daño agravado cualquier acto que perjudique estos equipos, esenciales para el control en terminales marítimas, aéreas y fronterizas.
¿Qué contempla la nueva legislación?
El texto legal incorpora penas de entre dos y cuatro años de cárcel para quienes cometan este tipo de delito, dependiendo de la gravedad del daño. Esta sanción impide que los responsables se beneficien de la ejecución condicional de la pena, lo que implica que deberán cumplir la condena en prisión.
Además, la ley no solo se refiere a escáneres, sino también a otros dispositivos electrónicos y tecnológicos, como drones, empleados en las operaciones antidroga.
Reacciones divididas en el Congreso
Aunque la propuesta fue aprobada por unanimidad, algunos diputados resaltaron que este avance legislativo debe ir acompañado de acciones más integrales para combatir el crimen organizado. Una de las voces críticas fue la de Dinorah Barquero, legisladora del Partido Liberación Nacional (PLN), quien advirtió sobre la creciente instrumentalización de menores por parte de grupos narco.
“Hay niños que están siendo utilizados para traficar droga en sus loncheras. La pobreza ya no es el mayor problema, ahora enfrentamos la miseria. Esta ley es útil, pero es solo un eslabón de una cadena de seguridad que debemos fortalecer”, enfatizó Barquero.
