El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló una trama criminal que parecía sacada de una película: carros robados, manipulados a fondo en talleres de enderezado y pintura, eran vendidos como si acabaran de llegar al país. El operativo, ejecutado en la mañana de este martes 10 de junio en Alajuela y Liberia, dejó cinco detenidos y expuso el verdadero rostro del llamado “Caso Alta Gama”.
El foco principal del decomiso fue un taller en Desamparados de Alajuela. Allí, en medio del olor a pintura fresca y piezas desmanteladas, se localizaron varios vehículos parcialmente intervenidos. Entre ellos, un Toyota RAV4 sin la tapa del motor, una Mitsubishi Montero Sport con partes frontales desmontadas, y un sedán Hyundai cubierto de residuos propios de los trabajos de hojalatería. También se observó una buseta Toyota Hiace con severos daños en uno de sus lados y otro Hyundai con el bumper delantero ausente.
Estas unidades forman parte de una investigación más amplia que involucra no solo a quienes operaban el taller, sino a una organización estructurada que incluía a cabecillas, un abogado, un mecánico, un “gavilán” —persona que ubica los vehículos robados— y hasta un funcionario de Aduanas del Ministerio de Hacienda.
Según detalló Randall Zúñiga, director del OIJ, la mecánica de la estafa era meticulosa. Primero, recibían el vehículo robado. Luego, un mecánico alteraba el número de identificación vehicular (VIN), dándole apariencia legítima mediante la imitación de códigos internacionales. Posteriormente, gracias a la complicidad de un funcionario estatal, se falsificaba una importación para registrar el vehículo como si fuese recién ingresado al país. El auto era entonces puesto a la venta como si fuese de agencia.
La estructura permitía vender autos con un valor de entre ₡20 y ₡30 millones, sin que los compradores sospecharan del origen fraudulento. Se estima que al menos 20 personas fueron víctimas de esta estafa.
Los apellidos de los detenidos son: Arias (36 años), Brenes (44), Cruz (51), Salazar (53) y Vargas (59). Aún se encuentra pendiente la captura de otro miembro del grupo.
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del sistema de registro vehicular costarricense y la urgencia de controles más estrictos en los procesos de importación. Para muchos de los afectados, además de una pérdida económica significativa, el golpe fue también de confianza hacia un mercado que aparentaba ser legal.
Desde el OIJ se hace un llamado a los compradores a verificar siempre el historial completo del vehículo, revisar con cuidado el número VIN, y acudir a servicios especializados para evitar ser estafados. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones en los próximos días.
