La violencia se recrudece en el país
Costa Rica enfrenta un panorama cada vez más sombrío en materia de seguridad. En lo que va del 2025, las autoridades judiciales contabilizan casi 400 homicidios, y si la tendencia continúa, el país podría cerrar el año con alrededor de 900 asesinatos, una cifra que igualaría o incluso superaría los récords del 2023 y 2024.
Los dos crímenes más recientes, registrados en las últimas horas y atribuidos a ajustes de cuentas entre grupos criminales, reflejan el tipo de violencia que más está impactando los indicadores: la relacionada con disputas por territorios del narcotráfico y crimen organizado.
Principales zonas afectadas por la violencia
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha identificado las regiones con mayores niveles de criminalidad durante el primer semestre del año. Los datos revelan una concentración preocupante en tres provincias:
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San José: 130 homicidios registrados
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Limón: 81 asesinatos
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Puntarenas: más de 50 homicidios
Estas cifras convierten a estas zonas en los epicentros de la violencia homicida, vinculada en su mayoría a conflictos internos entre bandas delictivas.
Perfil de los crímenes: ajustes de cuentas y guerras narco
Las autoridades destacan que más del 70% de los homicidios ocurridos en el 2025 tienen características asociadas con venganzas, cobros de deudas y control de rutas de distribución de drogas. En muchos de los casos, las víctimas son personas con antecedentes judiciales, aunque también se han reportado casos de daños colaterales, donde resultan afectados terceros ajenos al conflicto.
El ministro de Seguridad Pública ha insistido en que el país atraviesa una crisis sin precedentes en cuanto a criminalidad organizada, y ha solicitado al Congreso la aprobación de reformas legales que permitan fortalecer las acciones policiales y judiciales contra estos grupos.
¿Qué se está haciendo para contener la crisis?
El Gobierno ha implementado medidas como:
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Refuerzo del Plan Costa Rica Segura
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Intervenciones policiales en zonas de alta criminalidad
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Coordinación con el Ministerio Público y el OIJ para mejorar los tiempos de respuesta
Sin embargo, los resultados aún no logran contener el alza, lo que ha generado preocupación en la ciudadanía y presión sobre las autoridades.
