Escalada alarmante: más menores involucrados en homicidios
Entre 2019 y 2023, Costa Rica experimentó un dramático aumento del 132% en la cantidad de menores de edad investigados por homicidios o intentos de asesinato, según cifras recientes del Ministerio Público. Esta estadística, más allá del impacto numérico, revela una crisis social que está gestando una nueva generación expuesta a la violencia como forma de vida.
Factores de riesgo: entre la deserción escolar y la exclusión
Para Ronald Segura, integrante de la Federación Latinoamericana de Fiscales, este fenómeno no ocurre en un vacío. “Hay una conexión directa entre la falta de oportunidades, el abandono escolar y el aumento de la violencia entre jóvenes. Sin un entorno estable, muchos adolescentes se ven atraídos por estructuras criminales”, explicó el fiscal.
La deserción educativa y la carencia de espacios de desarrollo son factores clave que alimentan este problema. A esto se suma la normalización de la violencia en ciertos entornos donde los menores crecen rodeados por el crimen organizado o conflictos familiares no resueltos.
Delitos cada vez más graves, cometidos a edades más tempranas
Lo que más inquieta a las autoridades judiciales no es solo el incremento en las cifras, sino la naturaleza cada vez más violenta de los delitos cometidos por menores. Casos de sicariato, ajustes de cuentas y agresiones con armas de fuego se han vuelto más frecuentes, incluso en adolescentes de apenas 14 años.
Para el Ministerio Público, esto representa un reto doble: por un lado, investigar y judicializar con criterios diferenciados, y por otro, reinsertar a jóvenes en contextos donde la criminalidad ya ha echado raíces.
Un sistema de justicia juvenil tensionado
El aumento en la participación de menores en homicidios también ha puesto bajo presión al sistema de justicia penal juvenil, que busca aplicar medidas educativas y de reintegración, más que castigos punitivos.
Sin embargo, el aumento acelerado de casos, sumado a la escasez de programas efectivos de rehabilitación, ha generado preocupación entre los operadores judiciales. La reinserción, en muchos casos, se ve obstaculizada por la estigmatización social y la reincidencia.
