Una crisis administrativa en el Ministerio de Educación Pública (MEP) podría dejar sin instalaciones a los estudiantes del Colegio de Gravilias, en Desamparados. Según denunció la empresa dueña del edificio, el MEP acumula una deuda de cinco meses de alquiler, lo que podría desembocar en un desalojo inminente del centro educativo.
Señales de alarma: papel higiénico y precariedad operativa
Lo que inicialmente fue visto como un hecho aislado —una circular pidiendo a los estudiantes llevar su propio papel higiénico— terminó revelando una situación más compleja. Padres de familia y docentes han alertado sobre una creciente falta de recursos básicos, lo cual agrava las condiciones para continuar el ciclo lectivo con normalidad.
“Nos parece insólito. Ya no se trata solo de la calidad educativa, sino de la dignidad con la que se supone debemos recibir a los estudiantes cada día”, expresó una madre de familia durante una asamblea improvisada en la institución.
Empresa arrendadora advierte posibles acciones legales
La empresa que arrienda el inmueble ubicado frente al Mega Súper de Desamparados confirmó que, de no recibir una respuesta del MEP en los próximos días, procederá con medidas legales, incluyendo un eventual desalojo del inmueble.
“El contrato ha sido irrespetado de forma reiterada. Hemos sido pacientes, pero no se puede sostener un servicio sin contraprestación. Si el Ministerio no cancela la deuda acumulada, nos veremos obligados a actuar por la vía judicial”, indicó el representante legal de la empresa.
Silencio oficial del MEP genera mayor incertidumbre
Hasta el cierre de esta edición, el MEP no ha ofrecido un pronunciamiento oficial sobre el atraso en los pagos ni sobre las medidas que adoptará para evitar que el centro educativo pierda su sede.
La ausencia de respuestas preocupa tanto a la comunidad educativa como a las organizaciones estudiantiles, que temen interrupciones en el ciclo lectivo y una posible reubicación de emergencia que afecte a cientos de alumnos.
Padres y docentes exigen soluciones urgentes
La comunidad educativa ha convocado a una reunión extraordinaria en los próximos días, con el objetivo de definir medidas de presión y exigir explicaciones directas al Ministerio. Docentes consultados señalaron que no cuentan con respaldo oficial para continuar operando si el edificio es cerrado.
“Si nos desalojan, ¿dónde vamos a enseñar? Esto no solo afecta a los estudiantes, sino también a los educadores que dependen de este trabajo para sostener a sus familias”, manifestó uno de los profesores.
