Un reciente operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha reavivado el debate sobre la necesidad de habilitar allanamientos en cualquier momento del día, sin limitaciones horarias. El caso más reciente que ejemplifica esta urgencia fue el del expediente denominado “Tómbola”, en el que el principal sospechoso intentó fugarse minutos antes de que los agentes pudieran ingresar a su vivienda.
El director del OIJ, Randall Zúñiga, advirtió que si los oficiales hubieran tenido la facultad de allanar antes de las 6:00 a.m., el sujeto habría sido capturado sin incidentes. En cambio, una persecución armada terminó con dos escoltas abatidos y el objetivo herido.
Detalles del operativo: 15 minutos que casi cambiaron todo
El pasado mes de julio, los agentes judiciales se presentaron a las afueras de la casa de Édgar Mora Durán, alias «Pepe», en el distrito de Guatuso. Según relató Zúñiga, Mora abandonó su casa a las 5:45 a. m., justo antes de que iniciara el horario legal para realizar allanamientos sin una justificación especial.
Apenas dos kilómetros después, oficiales intentaron interceptarlo, pero los ocupantes del vehículo comenzaron a disparar. En el enfrentamiento, los dos guardaespaldas de Mora fallecieron, mientras él fue herido. Afortunadamente, los agentes del OIJ salieron ilesos.
Zúñiga fue tajante: “Si se hubiera allanado a las 4:00 a.m., lo habríamos detenido durmiendo. Sin balaceras. Sin muertos”.
Una ley vetada que dejó un vacío operativo
El proyecto de ley 24.495, aprobado por la Asamblea Legislativa en abril pasado, permitía ejecutar allanamientos a cualquier hora del día o la noche, incluso durante feriados. El texto incluía una reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal, buscando agilizar procedimientos en investigaciones complejas y casos vinculados al crimen organizado.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves vetó la ley el 14 de mayo, alegando inconstitucionalidad y acusando a los cuerpos judiciales de actuar de forma arbitraria.
La reacción del OIJ: «el crimen duerme más tranquilo»
La respuesta del OIJ fue inmediata. Randall Zúñiga lamentó que el veto presidencial beneficie únicamente a quienes viven fuera de la legalidad: “Los delincuentes podrán dormir más tranquilos. Esto no perjudica al OIJ, sino a la seguridad del país”.
El jerarca también indicó que grupos criminales han comenzado a operar con conocimiento pleno de los horarios de acción de las autoridades judiciales, dificultando así las labores de investigación y detención.
Diputados preparan resello para salvar la iniciativa
Aunque el veto detuvo momentáneamente el avance del proyecto, diputados de diferentes fracciones aseguran que insistirán en su aprobación mediante el mecanismo de resello.
La diputada Montserrat Ruiz (PLN), proponente del texto original, explicó que el veto se debió a una observación de forma, no de fondo, y que buscarán ajustar el texto para subsanar las objeciones presidenciales. “El presidente retrasó esta ley por tres meses, pero vamos a insistir apenas se reanuden las sesiones ordinarias”, dijo.
Por su parte, Rocío Alfaro (FA) y Alejandro Pacheco (PUSC) coincidieron en la urgencia de habilitar herramientas legales eficaces contra el crimen organizado. Alfaro comentó que “el proyecto tiene todo el ambiente para ser resellado”, mientras que Pacheco aseguró que propondrá su votación en la próxima sesión de jefes de fracción.
¿Qué sigue para el combate al crimen?
Mientras la Asamblea espera recuperar el control de la agenda legislativa, el OIJ continúa con sus esfuerzos. Solo en las últimas semanas han logrado:
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Desarticular dos bandas criminales de alto perfil.
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Enviar a prisión preventiva a 10 personas extranjeras por trata de personas.
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Decomisar más de 320 millones de colones en efectivo, junto con 74 vehículos y 71 propiedades.
El panorama, sin embargo, sigue siendo complejo sin el respaldo legal necesario. Como indicó Zúñiga: “Acta non verba (hechos, no palabras)”.
