Durante la presentación del Informe Anual 2024-2025 ante la Asamblea Legislativa, la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, advirtió sobre una serie de retrocesos que impactan directamente a la niñez, las mujeres, personas migrantes y la educación pública. Uno de los hallazgos más alarmantes es que el presupuesto nacional para educación ha caído a su nivel más bajo en los últimos diez años, con solo un 4,98% del PIB destinado para el año 2025.
Menos oportunidades para la niñez: red de cuido en declive
Cruickshank reveló que más de 14.000 cupos han desaparecido de la Red Nacional de Cuido, lo que representa una caída del 18% en la cobertura desde 2021, el último año en que se amplió este servicio clave para madres trabajadoras y familias vulnerables.
Esta reducción no solo impacta a las infancias, sino también a las mujeres, quienes en su mayoría asumen las tareas de cuidado. El debilitamiento de esta red tiene un efecto dominó en la igualdad de género, la productividad y el acceso al empleo para muchas jefas de hogar.
Educación en crisis: caídas significativas en programas de equidad
Además del descenso general en el presupuesto educativo, la Defensoría destacó la disminución de ¢25.000 millones en programas de equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP). Esto ha significado recortes directos a programas como Avancemos, que perdió ¢37.000 millones, afectando a unos 113.000 beneficiarios.
La situación es más crítica al comparar el peso de la inversión educativa en el PIB. Mientras que en 2020 representaba un 7,3%, en 2025 cae al ya mencionado 4,98%, lo cual representa un serio riesgo estructural para el acceso, calidad y equidad del sistema educativo.
Derechos humanos bajo presión: denuncias de violencia y omisión estatal
En su informe, la Defensora no se limitó a señalar los recortes financieros, sino que también habló de un deterioro sistémico en los derechos humanos del país. Entre las denuncias más preocupantes se encuentran:
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Más de 100 femicidios en el último año y medio.
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Denuncias persistentes por violencia obstétrica.
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Retrasos en trámites de regularización migratoria y malas condiciones para deportados.
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Limitaciones en el acceso a educación, salud y libertad de tránsito para personas migrantes retornadas desde EE.UU.
Estos elementos, dijo Cruickshank, reflejan una regresión profunda en garantías básicas, afectando especialmente a los sectores más frágiles de la sociedad.
Seguridad ciudadana: la ola de homicidios supera las proyecciones oficiales
Finalmente, la funcionaria denunció que la situación de seguridad ciudadana también ha sido subestimada por el Ejecutivo. En lo que va del año 2025, ya se contabilizan 403 homicidios, superando las metas proyectadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
“El país enfrenta un panorama incierto y desalentador en términos de seguridad pública. No se perciben soluciones claras ni sostenibles a corto plazo”, enfatizó Cruickshank.
