La disputa por el acceso a las playas de Garabito suma un nuevo capítulo. El Hotel Punta Leona, reconocido complejo turístico en Playa Blanca, anunció que acudirá a la vía legal para defender lo que considera su derecho sobre las edificaciones que están bajo amenaza de demolición por parte del gobierno local.
La reacción del resort se da tras el ultimátum lanzado por el alcalde de Garabito, Francisco González, quien aseguró que el Club ha construido sobre terrenos públicos, impidiendo el paso libre hacia Playa Mantas y Playa Blanca. De no cumplirse la orden de eliminar las estructuras antes del 9 de julio, el alcalde advirtió que procederá con maquinaria municipal a “liberar el acceso”.
“Tenemos todo en regla”
Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, Punta Leona fue contundente: sus construcciones están dentro de propiedad privada y cuentan con respaldo técnico, jurídico y registral.
“El hotel tiene la documentación que demuestra la legitimidad de sus derechos. Cualquier intervención sin respaldo legal constituiría un acto arbitrario que podría acarrear consecuencias civiles, penales y administrativas, tanto para funcionarios como para instituciones”, afirmaron.
En el mismo texto, recalcaron su compromiso con el desarrollo sostenible, la paz social y la seguridad jurídica del país. Además, se mostraron abiertos al diálogo con la municipalidad, siempre que se respeten las vías institucionales.
¿Quién tiene la razón?
Este enfrentamiento gira en torno al uso del espacio público y a la interpretación de los límites de la zona marítimo-terrestre, una franja costera de 200 metros a partir de la pleamar, de los cuales los primeros 50 metros son de uso público inalienable.
El alcalde González sostiene que las estructuras en cuestión —baños, terrazas, tanques, un restaurante— están dentro de esos primeros 50 metros y por tanto, deben ser eliminadas para garantizar el libre acceso a todos los costarricenses.
Desde el otro lado, Punta Leona alega que ninguna construcción invade terrenos públicos y que cualquier acción sin resolución judicial sería ilegal.
Camino legal y advertencias
El hotel fue enfático en su intención de utilizar “todos los mecanismos legales disponibles” para frenar cualquier intento de ingreso o demolición forzada, advirtiendo sobre “graves consecuencias legales” para quienes participen de tales acciones.
Además, hizo un llamado a respetar los pilares que sostienen la democracia costarricense: el diálogo, la legalidad y la seguridad jurídica. Según el comunicado, estos son “elementos esenciales para el bienestar de las comunidades, el desarrollo económico local y la confianza en nuestras instituciones”.
¿Y ahora qué?
Con el plazo fijado por la Municipalidad para el 9 de julio, ambas partes mantienen sus posturas firmes. Mientras el gobierno local afirma que actuará para liberar el paso a las playas, Punta Leona prepara su defensa legal.
Lo cierto es que este conflicto podría escalar a instancias judiciales, donde se definirá si realmente hubo una ocupación indebida de espacio público o si, como sostiene el hotel, se está ante una intromisión injustificada en propiedad privada.
