La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe titulado “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, donde denuncia que varias empresas internacionales se estarían beneficiando económicamente del conflicto en Gaza. Entre ellas, destacan cinco con operaciones en América Latina y España:
1. Orbia Advance Corporation (México)
A través de su filial Netafim, provee sistemas de riego en Cisjordania. El informe sostiene que esta infraestructura facilita la expansión israelí sobre tierras agrícolas palestinas. Orbia no ha emitido comentarios al respecto.
2. Petrobras (Brasil)
El documento señala que campos petroleros donde Petrobras tiene participación habrían contribuido con crudo a Israel en 2023 y 2024. La empresa niega ventas directas y afirma que su implicación no puede asumirse solo por su presencia en dichos campos.
3. CAF (España)
La empresa vasca participa en la ampliación del tranvía de Jerusalén, que conecta asentamientos israelíes en territorios ocupados, lo cual ha sido criticado por facilitar la anexión de Jerusalén Este. CAF no ha respondido públicamente.
4. Glencore (Suiza, con operaciones en Colombia)
Se le acusa de seguir exportando carbón colombiano a Israel, pese a un decreto de suspensión del gobierno colombiano. Glencore niega las acusaciones y afirma que no tienen sustento legal.
5. Drummond (Estados Unidos, con operaciones en Colombia)
También señalada por exportar carbón a Israel. La compañía asegura que actuó conforme a excepciones legales previstas para contratos firmados antes del decreto.
Contexto político y reacciones
Aunque gobiernos como los de Brasil y Colombia han criticado duramente la ofensiva israelí en Gaza, las exportaciones continúan, en algunos casos mediante vacíos legales o intermediarios. Francesca Albanese ha llamado a sancionar a Israel y responsabiliza a estas empresas de facilitar la infraestructura que sostiene su operación militar.
Albanese ha sido sancionada por Estados Unidos, que la acusa de antisemitismo. Organizaciones como Amnistía Internacional han respaldado su labor, señalando que su informe forma parte del marco legal internacional para la protección de los derechos humanos.
